La vicepresidenta Mónica Oltra se subió ayer a la tribuna de las Corts y desgranó, durante 50 minutos, las 32 instrucciones, resoluciones y protocolos que su conselleria ha desplegado desde el 26 de febrero en la vertiente social. Defendió así, a capa y espada, la respuesta «ágil y eficaz» adoptada frente a una situación «inédita» para la que «nadie estaba preparado en ninguna parte del mundo».
Su comparecencia preparó el terreno para una batería de ataques y reproches de brocha más o menos gorda que la oposición dirigió a la consellera con la vista centrada en la gestión de la crisis en las residencias de mayores, donde se registran 368 fallecidos por la pandemia.
«Ninguna persona ha sido abandonada a su suerte». Oltra respondió de forma tajante a las críticas mientras desde la bancada popular se cuestionaron las pautas seguidas a la hora de hospitalizar (o no) a residentes infectados o se le acusó de «llegar tarde y mal» en aspectos como restringir visitas o suministrar el material necesario.
La vicepresidenta reconoció que en algunos momentos se ha tenido que trabajar «con ensayo-error» ante la incerteza generada por el virus, pero incidió en que su departamento ha actuado siempre conforme a las recomendaciones sanitarias y a las necesidades existentes. Si se hubieran cerrado antes los centros, dijo, «nadie lo hubiera entendido». «En enero la gente estaba haciendo memes riéndose de lo de China. A toro pasado, macho seguro», apostilló.
Menos fallecidos que la media
Aunque se mostraron colaborativos con la vicepresidenta, PP y Ciudadanos reclamaron una actitud «más abierta, coordinada y transparente» tanto con la oposición como con el sector de las residencias. Oltra respondió comprometiéndose a mantener reuniones semanales con los portavoces parlamentarios de política social. Solo Vox pidió su dimisión.
La consellera citó datos de la patronal de la residencias para subrayar que el 30 % de los fallecidos por coronavirus en la C. Valenciana tiene más de 80 años, un porcentaje que se sitúa 6.48 puntos por debajo en los centros de mayores, pese a atender a ancianos con un elevado nivel de dependencia. La Fiscalía no ha abierto por ahora diligencias penales en las residencias afectadas, en las que Oltra aseguró que se harán test fiables a todos los usuarios y trabajadores, una demanda reiterada del sector.
La vicepresidenta admitió que la crisis ha aflorado las debilidades y amenazas de un sistema social sin la musculatura y estructura «deseable» para afrontar la pandemia, frente a los sistemas sanitario y educativo, «más robustos». Por eso, advirtió de la necesidad de una «profunda reconstrucción» de «una potente red de protección social» que implicará «reorientar inversiones y repensar muchos dogmas y certezas que creíamos inmutables», a tiempo que abogó por ampliar el presupuesto en servicios sociales para «no dejar a nadie atrás» y proteger a los vulnerables.
Frente a las críticas por falta de material, Oltra indicó que desde el 19 de marzo se han repartido 407.646 unidades entre mascarillas, hidrogel, guantes y protectores, a tiempo que alabó a los empleados que se «baten a diario el cobre en condiciones muy complicadas». El PSPV urgió a mejorar su situación laboral, muchas veces precaria.
