La decisión del Gobierno de intervenir en el precio final de las mascarillas fijándolo para el consumidor en 0,96 euros, IVA incluido, ha provocado un cabreo mayúsculo en el sector empresarial valenciano que, en las últimas semanas, está acometiendo un esfuerzo organizativo e inversor notable para cubrir una demanda que el Estado, precisamente, no ha podido garantizar por la saturación del mercado global.
«Esta medida perjudica seriamente a los fabricantes españoles que, con mucho esfuerzo y sacrificio, han desarrollado activamente, en las últimas semanas, líneas estratégicas de producción, adaptación de sus instalaciones, compra de maquinaria, gestión de las pertinentes homologaciones y certificaciones así como contratación de personal, dando así respuesta inmediata a la urgencia sanitaria nacional y al desabastecimiento existente por el colapso del mercado internacional y la falta de proveedores nacionales», lamentaba ayer el Consejo Intertextil Español (CIE), presidido por el valenciano Càndid Penalba.
Lo cierto es que esta medida es un varapalo a las expectativas de los empresarios de la Vall d'Albaida, l'Alcoià y el Comtat de crear un área especializada en textil sanitario más allá de esta producción de urgencia.
Ocho empresas
En estos momentos, ocho empresas valencianas están confeccionando para la Generalitat decenas de miles de mascarillas quirúrgicas cada día, como complemento a los 18,7 millones de unidades que han llegado en aviones de china, o los 3,3 millones enviados por el ministerio. Pese a que es la administración la que suministra la materia prima, el coste ya se sitúa cerca del límite fijado ahora por el Gobierno.
Obviamente, se trata de empresas que hasta hace unas semanas no trabajaban este producto y que lo hacen sin la maquinaria adecuada para optimizar costes. De hecho, varias están a la espera de maquinaria, producida también aquí, para multiplicar la producción diaria, lo que rebajará notablemente los costes.
Según lamentan desde el sector, el precio fijado (0,79 euros, sin impuestos) prácticamente expulsa a las pymes de este mercado que estaba surgiendo y vuelve a dejar el suministro en manos de proveedores asiáticos al hacer imposible competir.
La patronal española critica además la decisión del Gobierno de concentrar en una sola empresa [del grupo cooperativo vasco Mondragón] el encargo de 10 millones de unidades al mes, facilitándole máquinas chinas y garantizando la compra de su producción.
El cabreo se ha extendido al sector farmacéutico de la C. Valenciana. Muchos comercios habían realizado pedidos antes del anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ahora deberán ajustar el precio a las nuevas condiciones.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos está «a la espera de conocer el contenido de la norma», aunque valora positivamente esta decisión. «Esta medida fue una de las primeras solicitudes del Consejo General con el fin de terminar con las prácticas especulativas en torno a este producto, que estaban siendo ofertadas a las farmacias por proveedores ajenos a los habituales, y que desembocaban en perjuicio para los ciudadanos ante un incremento abusivo de sus precios», explican.
Además, subrayan que «la posibilidad de revisar periódicamente este precio, conforme a la evolución del mercado, permitirá ajustarlos dentro de uso límites razonables».
