El convenio entre el Ayuntamiento de Gandia y la Sareb para disponer de más vivienda social se suma a otras medidas que en su día acordaron la alcaldesa, Diana Morant, y el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, como son la exoneración del pago del alquiler a los inquilinos de las viviendas de protección pública, sociales y de emergencia habitacional, durante los meses de abril y mayo, con un carácter prorrogable, o la paralización de los procesos judiciales de desahucio por impagos de rentas e impedir los cortes en el suministro eléctrico y en el agua para garantizar los servicios básicos.

Desde hace años las plataformas contra los desahucios de toda España reivindican el uso de viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de la Administración y de bancos, para atender a aquellas familias que se quedan sin hogar por no poder pagar las hipotecas o el alquiler. Solo en Gandia la Sareb y los bancos disponen de cientos de pisos, muchos de ellos abandonados y en proceso de deterioro, que esperan mejores tiempos para su venta.