24 de abril de 2020
24.04.2020
Levante-emv
Estado de alarma

La Delegación del Gobierno ya ha notificado 2.719 denuncias por saltarse el confinamiento

Los funcionarios han incoado 3.278, pero Correos aún no se ha puesto al día a la hora de entregarlas a los infractores - La mayoría se impondrán en su grado mínimo: entre 601 y 10.400 euros

24.04.2020 | 14:36
Control de la Policía Nacional en València durante la pandemia de coronavirus.

La Delegación del Gobierno ha notificado, hasta este momento, 2.719 de las más de 90.000 denuncias que han impuesto las fuerzas de seguridad a los ciudadanos y empresas que han sido sorprendidos incumpliendo las restricciones decretadas durante el estado de alarma. Esas son las cifras, a fecha de hoy, facilitadas por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Las notificaciones, como ya adelantó Levante-EMV, comenzaron hace dos semanas.

Las mismas fuentes han aclarado que por ahora se han incoado 3.278 expedientees sancionadores, esto es, han empezado a ser tramitadas 3.278 de esas denuncias. El desfase entre incoadas y notificadas viene dado por el retraso de las primeras semanas, en las que no se pudo llevar a domicilio las propuestas de sanción porque Correos había suspendido el servicio de notificaciones al considerar que no estaba entre las actividades urgentes que permitía el real decreto de estado de alarma que entró en vigor a las 0.00 horas del 15 de marzo.

Precisamente la necesidad de cumplir con el procedimiento sancionador y hacer llegar a las casas de los infractores las denuncias lo antes posible, para poder mantener la capacidad coercitiva de esa medida y frenar la salida injustificada a la calle, el Ministerio del Interior intercedió para que Correos reactivase el servicio, algo que finalmente se hizo.

En la C. Valenciana, las notificaciones comenzaron hace dos semanas, el lunes, 13 de abril. Las fuentes antes citadas sostienen que la semana que viene se equilibrará la cifra de denuncias incoadas y notificadas, porque Correos se habrá puesto al día. De hecho, la notificación es casi inmediata, porque la incoación prácticamente se limita a asignarle número de expediente a la propuesta de sanción, comprobar que contiene todos los elementos imprescindibles para que sea técnicamente correcta y enviarla a notificación.

De momento, algunas de esas propuestas de sanción, las menos, según la Delegación del Gobierno, han tenido que ser devueltas al agente que las impuso por falta de datos esenciales: por ejemplo, haber olvidado incluir el DNI del infractor. Cuando se trata de ese tipo de errores, lo habitual es que el agente las subsane y que la denuncia continúe su curso sin mayores incidentes.

En otros casos, la propuesta de sanción ha sido directamente rechazada por la Delegación del Gobierno -o por las subdelegaciones en el caso de las de Alicante y Castelló-, por no ajustarse al marco sancionador determinado para estos casos. Eso ha ocurrido con algunas de las denuncias impuestas en las primeras semanas de estado de alarma, cuando había cierta disparidad de criterios en la aplicación del régimen sancionador, sobre todo en el caso de algunas plantillas de Policía Local.

La gran mayoría de las propuestas de sanción se aplicarán en su grado mínimo, que, traducido en dinero, significa entre 601 euros (casi todas) y 10.400, que es el tramo mínimo para las faltas graves que recoge, en su artículo 36, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida coloquialmente como 'ley mordaza'.


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