El desplazamiento de los abogados de oficio a comisarías y cuarteles para asistir físicamente a detenidos sin recursos económicos para contratar a un despacho privado durante el estado de alarma sigue generando polémica.
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el órgano que aglutina a los ocho colegios de la C. Valenciana, ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por no atender su petición para que puedan asistir a los detenidos a través de medios telemáticos o telefónicos por la emergencia sanitaria.
La Delegación no se pronunció y remitió la petición a la Conselleria de Justicia e Interior pese a que las competencias en esta materia son del Gobierno. Por ello, la abogacía valenciana consideró en un comunicado, difundido el pasado miércoles, que Calero debe dejar el cargo tras denunciar el «desconocimiento total sobre sus propias competencias».
En la carta que la dirigente socialista remitió a la abogacía valenciana, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, comunica que, «coincidiendo en la necesidad de aunar la protección de los trabajadores con la garantía de los derechos inherentes a la asistencia jurídica y a la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos y sus letrados, damos traslado de su escrito a la Consellería de Justicia, en tanto órgano competente para atender su petición».
Abogados del turno de oficio consultados ayer por este periódico explican que hay determinados casos en los que no sería necesaria la presencia física de letrados en comisarías o cuarteles porque los detenidos se van acoger a su derecho de no declarar. Afirman que esta circunstancia, al tratarse de una situación absolutamente excepcional derivada de una emergencia sanitaria, no atenta a los derechos fundamentales de los detenidos. Además, insisten en que lo que han reclamado son elementos de protección, como mascarillas o guantes, porque denuncian que hay puntos de detención que no tienen las condiciones para reunirse con los detenidos.
En cambio, en la nota difundida por el propio consejo de la abogacía valenciana no se hace ninguna mención a la petición de elementos de protección para los abogados de oficio, únicamente insisten en que se dicten «las instrucciones necesarias» para no desplazarse.
El turno de oficio es una parcela más del ejercicio profesional de la abogacía. Está mal pagado y poco reconocido, pero los abogados lo hacen porque creen que deben ayudar a los ciudadanos con menos recursos como un ejercicio de responsabilidad profesional y de servicio público.
Hay partidos judiciales en los que ya se ha asistido telefónicamente o por vía telemática a los detenidos, por tanto, los letrados no han acudido físicamente. Pese a esta circunstancia, absolutamente excepcional, los abogados consultados razonan que no se atenta contra ningún derecho porque muchos no declaran. Ayer puntualizaron que se siguen desplazando físicamente en otros muchos casos.
La consellera Gabriela Bravo, en una entrevista concedida a la Radio Valencia Cadena SER, afirmó ayer que esta competencia es del Gobierno y pidió buscar un equilibrio. «Hay determinadas actuaciones que necesariamente pasan porque el letrado tenga que asistir al detenido en el ámbito policial. Lo importante es que las comandancias dispongan de las medidas de protección necesarias», expuso.
