La Audiencia de València cerró ayer con condenas mínimas uno de los capítulos más turbios que deja la historia reciente de la política valenciana. La sección quinta ha condenado a un año de prisión al ex conseller Rafael Blasco por el desvío de las ayudas públicas destinadas a la cooperación internacional y el proyecto fallido para construir un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. Junto a Blasco también ha sido condenado a dos años de cárcel Augusto César Tauroni, el empresario de Alzira que se escondió en una trama de falsas ONG para obtener subvenciones del Consell.
Además, impone dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de la Conselleria de Solidaridad Marc Llinares; y un año y medio de cárcel al ex director general de Cooperación Josep María Felip. Mientras, las condenas más elevadas son para el administrador de una de las sociedades pantalla, José Luis Mezquita, a quien se le han fijado cinco años y medio de prisión; y el presidente de Fudersa, Rafael Barrera, condenado a tres años.
En cambio, absuelve a Luis Fernando Castel, responsable del servicio externo que evaluaba los proyectos de cooperación para la Conselleria, y a María Dolores Escandell, exjefa de Servicio de la Conselleria.
El tribunal justifica las penas mínimas en que los cabecillas de esta red de corrupción ya han sido condenados en la primera pieza del caso Cooperación. Blasco, en concreto, fue condenado a seis años de cárcel y la ley impide volver a condenar a un procesado por los mismos delitos por los que ya ha sido sentenciado. Pese a que todo los hechos forman parte de una única investigación, este caso de corrupción se ha juzgado por separado.
La Fiscalía había pactado con la defensa de Blasco una confesión a cambio de una pena de tres años de prisión y la devolución de parte del dinero malversado. En cambio, la coordinadora valenciana de las ONG y la Abogacía de la Generalitat, personadas como acusación, rechazaron el acuerdo y el juicio se celebró durante varios meses. La sentencia deja ahora en el aire la recuperación del dinero desviados y Rafael Blasco no ha sido condenado al pago de ninguna sanción económica.
El tribunal no fija la responsabilidad civil en la sentencia porque la Generalitat Valenciana no realizó ningún informe pericial sobre las ayudas que había repartido y los proyectos ejecutados para determinar a cuánto ascendió el fraude realmente.
«Se hace difícil, pues, determinar el alcance de esta cuantificación, y deberá ser en ejecución de sentencia cuando se determine (...) teniendo en cuenta tanto las resoluciones contables que se aporten como los expedientes y los bienes decomisados, y principalmente las periciales que puedan determinar el montante de los perjuicios reales alcanzados», razona el tribunal. Esta cantidad podría elevarse a 3,2 millones, pero no se ha constatado en el juicio.
El funcionamiento de la red
La sentencia, de 331 páginas, ha absuelto a los acusados del delito de pertenencia a organización criminal por el que fueron procesados, pero constata que el dinero de la solidaridad se empleó a fines distintos.
Según ha concluido el tribunal, el empresario Tauroni «constituyó una fundación, mediante personas y entidades interpuestas, Entre Pueblos (después denominada Hemisferio), cuya finalidad era, bien presentar directamente a través de la misma proyectos a las convocatorias públicas de subvenciones, bien, ante la falta del requisito de la experiencia que dificultaba que los mismos fueran aprobados, presentar directamente a la Conselleria proyectos por la vía de la firma de un convenio, previa obtención de una línea nominativa, sin necesidad de concurrencia pública».
Por último, gestionaba también «proyectos de pequeñas ONGD, para presentarlos a las distintas convocatorias de subvenciones, encargándose, una vez concedida la subvención, de todos los trámites para la ejecución de los mismos».
Para el tribunal «la finalidad última de Augusto Tauroni era obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50 % de la cantidad subvencionada por la Administración, consiguiéndolo debido a que buena parte de los proveedores no ejecutaban los servicios contratados, percibiendo, en cambio, elevadas cantidades por los trabajos facturados, que además estaban presupuestados muy por encima del precio real del mercado».
Mientras, respecto a la construcción del Hospital de Haití, el tribunal ha acreditado que Blasco se desplazó a este país en 2010 para suscribir con el Ministro de Sanidad el memorando para la construcción del centro sanitario, «fijando en la Base XI del mismo que la Fundación Solidaria Entre Pueblos se encargaría de la formulación y auditoría del proyecto».
En su estancia, el ex dirigente del PP, quien también fue conseller socialista, «estuvo acompañado por Augusto Tauroni» y fue «en esa estancia cuando se pensó en la posibilidad de que fuese Esperanza sin Fronteras -otra ONG- a quien se encomendase la construcción del hospital, si bien pensando en la generación de crédito a través de una línea nominativa, no por vía de convocatoria pública».
La sentencia menciona igualmente «las numerosas conversaciones que mantuvo Rafael Blasco con Augusto Tauroni con anterioridad y posterioridad a su cese de conseller, relacionadas con el cierre de los expedientes en la Conselleria de los proyectos de las entidades gestionadas por Entre Pueblos, o con la búsqueda de nuevos negocios o convocatorias públicas de subvenciones de otras Administraciones a las que poder concurrir».
