El Ministerio de Educación ya ha plasmado por escrito las directrices de cara al final de curso que la ministra Isabel Celaá avanzó la semana pasada, después de haberlas acordado con la mayoría de comunidades autónomas. La orden ministerial de urgencia, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, reitera que el 2019-20 finalizará con una promoción general del alumnado y que la repetición será más excepcional que nunca. Además, la «práctica habitual» también será que el estudiantado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato obtenga sus correspondientes títulos, como recompensa a lo superado los años anteriores.

El ministerio y las comunidades instan a realizar una evaluación continua, en la que en la nota global tengan un peso mucho mayor el trabajo y los resultados obtenidos en el primer y segundo trimestres (que sí se desarrollaron de manera presencial), y en la que cobren protagonismo los contenidos esenciales de las materias.

Así, la orden detalla que de Primaria a Bachillerato, las Administraciones educativas «podrán flexibilizar, los criterios de promoción en todos los cursos, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes».

A pesar de que ya se anunció una promoción general -que no aprobado- este punto contrasta con la ley educativa vigente, la Lomce, que la ministra apuntó que no «se veía alterada por las medidas» pero que es una ley que limita los suspensos a dos o tres, por lo que sindicatos como CSIF, ANPE o USO consideran que la nueva orden es «ilegal». Frente a esto, desde el ministerio detallan que las directrices «no modifican el ordenamiento jurídico vigente» y Celaá apuntó que las medidas son «un paraguas para alinear la respuesta» a la crisis sanitaria.

Cobertura legal

Desde la Conselleria de Educación (que, al igual que las otras comunidades ahora debe redactar sus directrices), apuntaron ayer que las instrucciones extraordinarias del ministerio «garantizan la cobertura legal necesaria para asegurar que ningún alumno o alumna pierda el curso y la promoción».

Igual que el Gobierno, en Campanar rechazan marcar un número máximo de suspensos para poder promocionar, ya que «no se trata de un número de asignaturas suspendidas, sino de evaluar la actitud y los esfuerzos hechos por cada alumno dentro del contexto particular».

«No es lo mismo un alumno que ha mostrado interés, se ha esforzado durante todo el curso y ha trabajado, pero que en un contexto social vulnerable no cuenta con un acceso a la formación a distancia como el resto y necesita una mayor atención para su aprendizaje; que quien cuenta con condiciones óptimas pero no ha respondido ni en los dos primeros trimestres ni en el tercero», exponen.

Cabe matizar que lo acordado por el ministerio y la mayoría de CC AA (entre las que se encuentran la valenciana) no se trata en ningún caso de un aprobado general, sino de una promoción general. La diferencia entre ambos términos es que en el caso del aprobado general, todo el alumnado promocionaría de curso u obtendría los títulos correspondientes sin ser evaluado ni teniendo en cuenta sus avances a lo largo el curso; en palabras del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana: «no sería una medida ni justa, ni eficaz ni útil».

No es un aprobado general

En cambio, en el caso de la promoción general -que es lo que se ha dictado- el alumnado sí tendrá nota en cada asignatura y será evaluado «en su totalidad» y con el boletín habitual, aunque en base solo a los contenidos esenciales del curso y primando las calificaciones de los primeros meses.

De hecho, como prueba de ello, las asignaturas no superadas quedarán pendientes para 2020-21 y tendrán que recuperarse. Además, la orden ministerial ya autoriza a las autonomías a modificar tanto los currículums académicos como las programaciones, para incluir los contenidos pendientes por la suspensión de las clases presenciales y que se deberán incorporar en el nivel siguiente e impartirse a partir de septiembre.

Para determinar los conocimientos que el alumnado no ha adquirido a causa de la covid-19, serán esenciales los informes individualizados que el profesorado emitirá a final de curso, junto con las notas, como ya publicó Levante-EMV. En ellos se basarán los planes de refuerzo y adaptación individualizados que deberá seguir cada estudiante de Primaria y ESO y que, solo en caso de Bachillerato, finalizarán con una evaluación.

De hecho, según indican los nuevos criterios, será el tercer trimestre el que ha de servir al profesorado para hacer «un diagnóstico» y «determinar las carencias».