El proceso de desescalada para volver a «la nueva normalidad» no comenzará en los juzgados antes del 10 de mayo. Así se desprende de la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que acordó el pasado fin de semana mantener la validez y eficacia de los acuerdos y las medidas adoptadas por este órgano en relación con la pandemia del Covid-19 mientras dure la última prórroga del estado de alarma. Así se mantienen suspendidas hasta dicha fecha todas las actuaciones judiciales no esenciales.

Se entiende por esencial las causas con preso, como el juicio que estaba previsto celebrar hoy en un juzgado de lo Penal de València contra los tres presuntos delincuentes que asaltaron la tienda de Louis Vuitton en pleno centro de València y protagonizaron una temeraria persecución, en la que dispararon contra la policía, en diciembre de 2018. En este caso concreto finalmente ha tenido que aplazarse la vista oral por encontrarse uno de los procesados en cuarentena.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer ampliar el acuerdo del 13 de marzo, en el se establecían los servicios esenciales de la Administración de Justicia durante la vigencia del estado de alarma, para incluir la expedición de certificados de fe de vida entre las actuaciones que deberán atender los Registros Civiles.

Respecto a la presencia de público en los juicios que sí se celebren, se mantiene la restricción de acceso genérico a la Ciudad de la Justicia de València de todo el público y profesionales -incluidos los medios de comunicación- a menos que acrediten estar citados como parte implicada en la causa (acusados, letrados ...) o como testigos para ese día concreto.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado un Decreto-Ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19, garantizando en todo momento la salud de trabajadores y los ciudadanos que soliciten de sus servicios. Así se establecerán turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales para evitar las aglomeraciones y evitar contagios. De igual modo los actos procesales se realizarán, preferentemente, de manera telemática, y la atención al público, vía telefónica o por correo electrónico siempre que sea posible.

Esta nueva normativa permite dedicar temporalmente órganos judiciales a asuntos derivados de la crisis del Covid-19 y prevé que los funcionarios de Justicia presten servicio en otros juzgados y tribunales de su municipio dentro del mismo orden jurisdiccional.