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Los expertos auguran el caos si el Congreso tumba el estado de alarma

El rechazo de una nueva prórroga dejaría sin efecto el confinamiento y el plan de desescalada - Las comunidades recuperarían el control de la gestión

Los expertos auguran el caos si el Congreso tumba el estado de alarma

Los expertos auguran el caos si el Congreso tumba el estado de alarma

El estado de alarma o el caos. Sin los apoyos necesarios asegurados para sacar adelante la cuarta prórroga que mañana se debate en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido bajo esta disyuntiva la necesidad de prolongar 15 días más el decreto que mantiene a España confinada desde el 14 de marzo. El rechazo a una nueva moratoria convertiría en papel mojado el plan de desescalada diseñado a partir del 11 de mayo y dejaría sin efecto el principal instrumento jurídico para combatir la pandemia, a tiempo que situaría en tierra de nadie una avalancha de resoluciones alumbradas al calor del mismo. Con matices, los constitucionalistas valencianos ven muy improbable este hipotético escenario por lo mucho que hay en juego y por el abismo de incertidumbre y confusión al que se asomaría el país.

La primera consecuencia es que las restricciones generales que limitan la libertad circulatoria, las actividades económicas y educativas o los actos recreativos, deportivos y de culto decaerían por completo, así como la suspensión de plazos. La segunda es que la centralización de las decisiones bajo el mando único de los ministerios con sede en Madrid desaparecería. Las comunidades autónomas recuperarían el ejercicio de las competencias previo al inicio de la emergencia sanitaria y la lucha contra el conoronavirus quedaría sujeta a leyes subsidiarias que permiten, por ejemplo, el cierre de negocios de cara al público o el confinamiento de grupos de personas cuando éstas pueden suponer un peligro para la salud pública.

A juicio de Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, esta circunstancia alimentaría la confusión, porque dichas normas están previstas para situaciones muy específicas y particulares. Para el jurista Vicente Garrido, no prorrogar el estado de alarma sería «calamitoso» porque la hoja de ruta de la desescalada y buena parte de las medidas esenciales que se han ido adoptando en los últimos dos meses quedarían sin cobertura legal, abonando el terreno de la inseguridad jurídica. El también catedrático duda del acomodo constitucional de algunas de esas decisiones, pero hace hincapié en que las comunidades no tienen facultades para mantener el confinamiento general.

Diálogo necesario

Visión distinta es la que mantiene Manuel Martínez Sospedra, para quien el verdadero problema no está tanto en la continuidad de las restricciones -que considera garantizadas porque «están previstas en las leyes ordinarias»- sino en la cuestión de «quién manda y cómo». «El tópico que vende el Gobierno de que si no se prorroga el estado de alarma en vigor decaen las medidas de confinamiento es falso. Lo único que desaparecería es la dirección centralizada y con mayor intensidad en manos del Ministerio de Sanidad», apunta. A su entender, caben dos opciones: «O actuamos todos de acuerdo o el gobierno de cada comunidad determinará cómo ejerce sus competencias», entre las que señala la fijación de precios de las mascarillas o el racionamiento de medicinas y alimentos.

Según Martínez Sospedra, el Gobierno peca de falta de diálogo y miente cuando alerta de que sin prórroga corre peligro la aplicación de medidas socioeconómicas como las ayudas para los afectados por los ERTE, que señala como independientes. La única salida, para el catedrático, es que el Ejecutivo se abra a negociar y pactar.

Para Antonio Montiel, otro especialista en las ramas jurídica y política de la administración, tumbar la prolongación del estado de alarma provocaría un «desmoronamiento» de la base de todas las medidas excepcionales previstas en la desescalada y dejaría la gestión del proceso de transición en riesgo de quedar sumido en el caos, por la disparidad de criterios entre territorios y departamentos de gobierno. «Pasaríamos a un combate más fragmentario que puede provocar algunas incongruencias en términos operativos y se agudizarían los graves problemas de coordinación y cooperación política del Estado autonómico», reflexiona Montiel.

«Me preocupa que algunos estén pensando en correr el riesgo y jugar a no apoyar esta última prórroga. No hay ninguna comunidad preparada por sí sola para hacer frente a la complejidad de este problema», agrega el jurista, que, en cualquier caso, cree que Sánchez debería hacer un «sobreesfuerzo» para evitar el «paternalismo» con las comunidades y conseguir una cooperación efectiva. Eso sí, Montiel descarta un decaimiento general de las medidas que han podido comenzar a aplicarse hasta ahora al amparo del estado de alarma, en virtud del ordenamiento jurídico.

La catedrática Remedio Sánchez cree que la Constitución «se ha ignorado totalmente» e incide en que muchas de las decisiones adoptadas -como el confinamiento o las sanciones por desobediencia- «no tienen que ver propiamente con el estado de alarma» sino con el de excepción, que a su juicio habría sido más adecuado para evitar las sucesivas prórrogas. «En defensa de la Constitución estaría bien que el Congreso se reúna de verdad y recupere la obligación de opinar e intervenir. No pueden confinarse las instituciones», ahonda.

Sí hay «plan B»

Pese a que el Gobierno insiste en que no hay plan B a la prórroga, los expertos disienten. Una alternativa posible sería declarar un nuevo estado de alarma que no requeriría de intervención parlamentaria, aunque para Lorenzo Cotino este camino implicaría «forzar mucho la máquina» y genera dudas: no está contemplado en la Constitución. Otra posibilidad más remota apuntada por el catedrático es echar mano de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que permite centralizar competencias en situaciones excepcionales sin pasar por el Congreso.

De cualquier manera, los constitucionalistas ven estos escenarios alejados y vaticinan que el PP terminará moviéndose de su negativa inicial para que la pórroga salga adelante, con tal de evitar que salte por los aires toda la arquitectura dibujada para acabar con el virus. Mañana se resolverá la incógnita.

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