Sin el padrón no hay nada. No hay derechos, ni la persona «existe» siquiera. Ni para la sociedad ni para la Administración. El padrón es la puerta de entrada al sistema. Sin empadronamiento no hay tarjeta sanitaria ni acceso a prestación alguna ya que es la manera de «comprobar» que el usuario vive en la ciudad o autonomía que gestiona esa ayuda u otra ya que todo pasa por los servicios sociales.
La modificación del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, ya tenía en cuenta los empadronamientos especiales para personas sin hogar. En 2015, el BOE (Boletín Oficial del Estado) explicita la condición de que sean supervisados por los servicios sociales. «La dirección del empadronamiento será la que señalen los servicios sociales: la dirección del propio servicio, la del albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar...», dice en el artículo 3.3.
Sin embargo, el pasado 2 de mayo, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicó una nueva instrucción que solventa algunos de los problemas que impiden que las directrices del Gobierno se cumplan. Y es que si el usuario vive en un banco del parque o se empadrona en una rotonda, ¿dónde le envían las notificaciones?
Para resolver este problema, entre otros, la nueva instrucción del INE contempla que el usuario pueda dar un «domicilio ficticio». «Se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, además, se puede y debe recurrir a un 'domicilio ficticio' en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes», afirma la nueva instrucción.
Y es que desde entidades sociales como Valencia Acoge aseguran que la herramienta está creada y que resolver este problema ya es solo «una cuestión de voluntad política». «El INE ha sacado una nueva instrucción porque los ayuntamientos no están facilitando el padrón como está acordado. Es una realidad y lo vemos a diario, personas que tienen alquilada una habitación, o que tienen el pasaporte caducado y carecen de dinero para poder renovarlo, familias que viven en infravivienda, personas sin hogar... Y no se pueden empadronar porque en sus ayuntamientos no lo permiten si no se cumplen una serie de requisitos a los que ni tienen ni tendrán acceso», explica Fani Darás, trabajadora social. Y añade: «Al final es falta de voluntad política y de hacer seguimiento del control de esas instrucciones. Hablamos de la exclusión sobre la exclusión».
Ayudas al alquiler del Consell
La labor de control tampoco funciona porque el encargado de verificar los datos es la Policía y no es la figura «más recomendable» para verificar la infravivienda. «De entrada, el control lo deberían hacer trabajadores sociales y para continuar, los ayuntamientos deberían cumplir con lo acordado y facilitar el padrón a quienes residan en el municipio». Desde Valencia Acoge exigen campañas publicitarias que expliquen la flexibilización del padrón.
Por otro lado, ayer se publicaron las bases de las ayudas al alquiler del Consell, dirigidas a arrendatarios que como consecuencia de la crisis del coronavirus no puedan atender el pago. Las solicitudes se pueden presentar desde hoy hasta el 30 de junio, y podrán alcanzar el 100 % de la renta que conste en el contrato de arrendamiento, con un importe máximo de 650 euros al mes y por un periodo de seis meses.
