El envío ya de más de la mitad de la liquidez que el Consell necesitaba para afrontar el primer semestre del año y que el presidente, Ximo Puig, cifró en 2.200 millones de euros, garantiza que la Generalitat podrá hacer frente a los pagos mientras dure la fase más crítica de la crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19.

A ello se une el anuncio el sábado del presidente, Pedro Sánchez, de un fondo no reembolsable de 16.000 millones para las autonomías para la recuperación social y económica, que ayer detalló a los presidentes autonómicos.

Dinero necesario para hacer frente al impacto de la pandemia y para dar respuesta a los pagos pendientes con proveedores que la Generalitat arrastra, claves ahora porque permiten una inyección importante en la economía valenciana en un momento en el que sufre un parón histórico como consecuencia de mes y medio de confinamiento ciudadano.

Con el envío inicial se garantizan los pagos más perentorios en la época crítica de la crisis, el gran temor, como ya avanzó este diario, está en el día después de la crisis y sobre todo en la segunda parte del año. El presupuesto aún aguanta porque no se ha agotado al tratarse de la primera mitad del año, pero se están haciendo numerosas modificaciones que el Consell aprueba cada viernes en el pleno para tratar de hacer frente a la crisis y lo más probable es que el gran impacto sobre las arcas valencianas llegue después del verano, admiten varias fuentes del Consell.

Entrega a cuenta

En ese goteo se incluye la actualización de las entregas a cuenta, 223 millones, cuyo primer pago se realizó el pasado 23 de marzo y el segundo el pasado 17 de abril. Un dinero que ha llegado también al resto de las autonomías.

A ello se une la actualización del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ordinario que el Gobierno ya ha activado y que para este semestre suponen otros 128 millones. También hay que sumar ayudas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo con motivo de la covid-19 que superan los 72 millones para atender mayoritariamente gasto sanitario generado por la pandemia y el adelanto de 350 millones de la liquidación del modelo de financiación de 2018.

A ello se une liquidez momentánea por una operación de refinanciación amortizable en julio de este año por valor de 650 millones, en la que han intervenido la Conselleria de Hacienda, el Tesoro Público y los bancos y que permite que el Consell reciba un dinero de adelanto (que el resto de autonomías aún no dispone) a cuenta de la financiación que se pagará en verano, pero que permite disponer ya de más de la mitad de los 941 millones previstos.

Una refinanciación, además, que se hará en mejores condiciones, y que por eso la ha aceptado el Ministerio de Hacienda, y que permite un ahorro en costes financieros de 13 millones de euros.

Por eso, de esos 2.200 millones, el Consell hace cuentas con 1.423, lo que supone el 65% cuando acaba de empezar el quinto mes del año, por lo que hay margen para completar los 2.200 millones en el primer semestre.

Nadie echa las campanas al vuelo y la reivindicación de la necesidad de una nueva financiación en cuanto pase la crisis persiste, pero en el ejecutivo valenciano se respira al comprobar que con ese dinero se puede hacer frente a los primeros embates de la covid-19.

Fuentes del ejecutivo ponen énfasis en que la llegada de liquidez es clave en un contexto de hundimiento de la economía, en el que el Consell está obligado a hacer frente a numerosas ayudas ya anunciadas a los colectivos más afectados. En caso contrario, un gobierno que no pudiera hacer frente a los pagos se convertiría en un lastre en el peor momento.

Por eso, aunque la realidad es que el Consell tiene muchas dificultades por la infrafinanciación para estar al día en las subvenciones o en los pagos a proveedores, lo cierto es que se busca con esta liquidez medidas paliativas.

Ayudas de 341 millones

Puig ya anunció que la factura a la que el Consell va a tener que hacer frente en un primer momento por la pandemia ascendía a 341 millones, entre dinero ya pagado y comprometido. Medidas como las ayudas a autónomos, a trabajadores afectados por ERTE con rentas bajas, el apoyo de equipamiento digital a escolares que de otro modo no podrían seguir las clases virtuales o el contrato de 98 millones para comprar material sanitario están incluidas en los 341 millones.