Las comunidades que han tenido un impacto directo mayor por la emergencia sanitaria serán las beneficiadas en el reparto de los primeros 6.000 millones de los 16.000 que el Gobierno va a entregar a las autonomías de manera directa, sin que tengan que ser retornados ni supongan incremento de deuda.
El número de ingresos en UCI (35 %) y de hospitalizaciones (25 %) serán las variables que más computen en la entrega de estos 6.000 millones, que son el grueso de los 10.000 millones que van destinados a atender el gasto sanitario de la pandemia. Los positivos por PCR y la población ajustada contarán un 20 % cada uno en este reparto. El Consell defendía la prioridad del criterio poblacional en contra de otras autonomías.
Este factor será el que pesará más (40 %) en la distribución de los 4.000 millones restantes de este fondo sanitario, que se pagarán en el segundo semestre. La ministra de Hacienda, María jesús Montero, que presentó el plan a los consejeros de este ramo ayer, explicó que será así porque este tramo se aplicará en una fase de estabilización de la emergencia. Tras la reunión quedó abierto el matiz de si será población ajustada o población protegida el criterio que se utilice. Fue así tras las discrepancias entre consejeros.
Montero comunicó que los 1.000 millones destinados a gasto social se repartirán teniendo en cuenta principalmente la variable de población, como ya se hizo en el Fondo Social Extraordinario (de 300 millones) aprobado el 17 de marzo.
Los otros 5.000 millones hasta completar los 16.000 se determinarán «en función de la caída de ingresos propios de las comunidades», dijo la ministra. Para decidir esta cantidad, la propuesta partirá del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado donde están las comunidades y que se ocupa de coordinar la gestión de tributos cedidos.
Montero insistió en que estos 16.000 millones son una transferencia directa que «las comunidades no deberán devolver y que no les generará ninguna carga en intereses ni aumentará la deuda de las autonomías». De esta forma, agregó, «es la Administración central quien asume el impacto en sus cuentas públicas de la pandemia».
La ministra de Hacienda calmó asimismo a gobiernos como el catalán y remarcó que «son recursos adicionales e independientes del sistema de financiación autonómico y de los fondos de liquidez», como el FLA.
