Las empleadas de hogar y los contratados temporales que no alcanzan el mínimo de cotización para acceder a la prestación especial del paro, aprobada por el Gobierno durante el estado de alarma, podrán hacerlo a partir de hoy en el Servicio Público Estatal de Empleo (Sepe). Todo ello pese a que hace más de un mes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció estas ayudas extraordinarias para aliviar los problemas económicos que han sufrido estos colectivos por la pérdida de sus empleos o la reducción de jornada, en el caso de las empleadas domésticas, por la crisis del coronavirus. El subsidio para las primeras es por el 70% de su base reguladora, mientras que para los empleados temporales la ayuda será una cuantía equivalente al 80% del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente, es decir, unos 440 euros mensuales.
Poca celeridad del Gobierno
«El Gobierno ha agotado el plazo para aprobar el procedimiento para la solicitud de la prestación. Nos hubiera gustado que hubiera sido más ágil», criticaba Eva Calleja, responsable del área de Empleadas de Hogar de CC OO en l'Alacantí- Les Marines. El Ejecutivo anunció la medida hace más de un mes, pero ya advirtió de que tenían hasta el 2 de mayo para articular el procedimiento a seguir, según admiten los sindicatos. «Aun así, es un periodo demasiado largo para una persona que o se ha quedado sin empleo porque no puede acudir a la casa donde trabajaba para evitar posibles contagios, al igual que para las que les han reducido las horas», se quejaba María López, una empleada de hogar alicantina de 58 años y con una larga trayectoria en el sector. «Este colectivo es el más desprotegido y más vulnerable», subrayaba María, que se sigue preguntando «¿Por qué si somos unas trabajadoras que estamos cotizando a la Seguridad Social no tenemos derecho a paro como el resto de trabajadores?»
Al igual que María, la secretaria territorial de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez, ponía el acento en que, tras este primer paso dado por las circunstancias especiales del impacto económico de la crisis del Covid-19, «el Gobierno se debería plantear ya ratificar el convenio 189 de la OIT que habla de la dignificación del empleo doméstico».
Eva Calleja, Yaissel Sánchez y María López advertían, además, de que dentro de este sector hay muchas familias, a veces con hijos, que dependen de los ingresos de la madre que trabaja como empleada doméstica, «por lo que más de un mes sin cobrar es demasiado tiempo para que un hogar en esta situación pueda salir adelante», añadía María López. En la provincia hay en estos momentos, alrededor de 9.000 empleados afiliados al régimen especial del trabajo doméstico, «pero es una mínima parte, porque hay muchos que están en la economía sumergida. Y El Gobierno debería hacer algo para aflorar ese empleo», subrayaba Yaissel Sánchez. «Y también a las trabajadoras extranjeras que no tienen permiso de trabajo», añadía Eva Calleja.
La representante de CC OO reclamaba, además, que, aunque en las solicitudes de la ayuda tengan prioridad las telemáticas, se mantenga la petición física en las oficinas de Correos, dado que muchas de ellas ni tienen ordenador ni conocimientos técnicos para realizar la petición, según advertía Calleja.
