El rescate de la competición automovilística pudo ser lesiva para el interés público, pero la decisión que tomó la Generalitat Valenciana fue la menos perjudicial para la Administración. Es la conclusión a la que llega la Justicia cinco años después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella por irregularidades en la organización de las carreras.
El juzgado de Instrucción número 2 de València ha archivado la investigación abierta por el rescate del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que acogió València entre los años 2008 y 2012. La jueza toma la decisión después de que el Ministerio Fiscal solicitara, en julio de 2019, el archivo de las actuaciones al considerar que la compra de la empresa Valmor, adjudicataria de los derechos, por un euro no es constitutiva de delito. A cambio el Consell asumió todas las obligaciones y deudas, estimadas en unos 20 millones. La Abogacía de la Generalitat se opuso.
Según consta en el auto, de fecha de 4 de mayo y al que ha tenido acceso Levante-EMV, «de las diligencias llevadas a cabo no aparece que la solución jurídico/económica que se tomó fuera pura y simplemente producto de la voluntad del funcionario o político correspondiente, ni aparece irrazonable visto desde el punto de vista de lo concluido por el Tribunal del Cuentas, que específicamente ha analizado la cuestión en sus aspectos económicos y financieros».
El juzgado ha investigado estos hechos en la pieza 2 del denominado caso Valmor. La compra de la empresa fue impulsada por el Consell del PP que presidió el expresident Alberto Fabra. En esta pieza separada no figuraba ningún imputado.
Anticorrupción solicitó el archivo tras varios años de instrucción. En su escrito consideró que «del resultado de los interrogatorios se concluye que la compra de las participaciones tenía como finalidad la de evitar el pago de la penalización impuesta por la FOA que ascendía a 70 millones, siendo responsable la sociedad pública Sociedad Proyectos Temáticos -empresa pública de la Generalitat- en aplicación del acuerdo de 2009».
Como conclusión de todo lo anterior, la Fiscalía estimó que «la adquisición de la empresa Valmor fue la solución menos perjudicial para las arcas públicas, evitando un coste millonario»; por lo que consideró «que no se aprecian indicios de infracción penal en los acuerdos adoptados por el Consell en relación con la adquisición de Valmor», recoge el auto.
«En resumidas cuentas y tal como ha concluido el Tribunal de Cuentas en el procedimiento de reintegro por alcance, que desestimó en su integridad la demanda en primera instancia de la Abogacía de la Generalitat, la compra de participaciones lo que tenía era el fin de evitar unos perjuicios en diversos aspectos para la sociedad pública Sptcv», razona la magistrada en su escrito.
La resolución del juzgado no es firme y contra ella cabe recurso de reforma. La compra se formalizó el 7 de marzo de 2012 y generó un alud de críticas, pues el Consell se había comprometido a organizar las carreras sin recurrir al dinero público. El evento dejó de ser rentable desde el primer año y la Administración se vio obligada a rescatar la competición.
