Para València Acoge, el «verdadero» problema es que «sin padrón no hay derechos. Y al final, personas que quieren llevar a cabo un proyecto se ven bloqueadas por un proceso administrativo para el que no le dan solución. La normativa está hecha pero los ayuntamientos no la aplican y como el empadronamiento dependen de cada consistorio, pues ese es el problema», explica Mauricio Pinto, técnico de València Acoge. Y añade: «Al final, las familias valencianas ven en este requisito una manera de ganar dinero. No hay mafias ni grupos establecidos, al menos que nosotros hayamos detectado. No hay una red oculta sino que el padrón se ha establecido como una oportunidad de enriquecimiento para algunos, o como un modo de ganarse la vida y el problema no es ese, el problema es que sin padrón no hay nada y las personas afectadas no encuentran la acceder al sistema y salir de la exclusión».
