Otros 15 días más. De forma un tanto agónica, el Gobierno logró ayer prorrogar el estado de alarma (178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones) pero vio cómo sus apoyos parlamentarios frente a su gestión de la crisis del coronavirus van menguando semana a semana. Tras una negociación contra el reloj, que se extendió hasta primera hora de la mañana, poco antes de que comenzase el debate en el Congreso, Pedro Sánchez logró el respaldo del PNV y Ciudadanos, aceptando las reivindicaciones de ambos partidos. El presidente se comprometió ante los nacionalistas vascos a coordinarse con las comunidades autónomas en la desescalada, ahora que los contagios y las muertes van disminuyendo. A los liberales, Sánchez ofreció reuniones semanales, así como estudiar que los ERTE y las ayudas sociales aprobadas se desvinculen de las sucesivas prórrogas, si es que las hay, para que no decaigan cuando el paraguas del estado de alarma ya no exista.

Ambas eran peticiones que también enarbolaba Pablo Casado, pero el PP no apoyó esta vez la extensión, a diferencia de lo que había hecho en plenos anteriores. Finalmente los populares se abstuvieron, sin llegar a cumplir su amenaza de votar en contra, algo que sí hicieron Vox, ERC y JxCat, entre otros. Aun así, el discurso de Casado fue muy crítico, acusando a Sánchez de «mentir» y caer en el «absolutismo», compitiendo en dureza con la ultraderecha de Santiago Abascal.

El líder de Vox llegó a comparar las muertes por la covid-19 con la matanza de Paracuellos, durante la Guerra Civil, y anunció manifestaciones en coche contra el Gobierno. Sánchez esperaba esta actitud de la formación ultra, pero no del PP, según dijo. «Partidos políticos que aspiran a gobernar España y que en una situación como esta se abstienen, es como si votaran que no», señaló.

Críticas extendidas

Las críticas a la unilateralidad del Ejecutivo se habían extendido por todo el arco político. No solo entre la oposición. También en las comunidades gobernadas por el PSOE, que llevan semanas criticando en privado que Sánchez apenas consulta. Esa actitud va a cambiar, al menos en teoría, porque el PSOE y Unidas Podemos apoyarán una enmienda del PNV que obliga a diseñar las medidas de relajación con los territorios. Sánchez habló de trabajar con «corresponsabilidad, codecisión y cogobernanza» en esta nueva etapa. «Lo vamos a hacer -prometió-. Vamos a transitar con esos atributos».

«El Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma», señala el texto de los nacionalistas vascos, aprobado con los votos de socialistas y morados.

Pese a que nunca dudó de que la prórroga saldría adelante, la situación del Gobierno era muy complicada. Aun contando con la abstención del PP, la Moncloa temía que el estado de alarma se extendiera gracias al único apoyo de los partidos de la coalición. Preocupaba la imagen de debilidad que hubiera trasladado el Gobierno. Por eso inició las negociaciones simultáneas con el PNV y Ciudadanos, dos partidos en principio difíciles de conciliar.

Con los primeros, selló el pacto a primera hora de ayer. Con los segundos, el martes al final de la tarde, provocando tensiones en el partido naranja, que ha suavizado su discurso con el Gobierno a raíz de la pandemia. Exdirigentes tan importantes como Juan Carlos Girauta anunciaron que se daban de baja como afiliados.

Ante el malestar interno, Inés Arrimadas dedicó buena parte de su discurso a justificar el voto. «Nuestro único objetivo ha sido salvar vidas y salvar empleos. Hemos sido muy críticos con el Gobierno. Quiero recordar lo que hoy se vota aquí. No estamos en un debate de investidura. Puede haber gente que piense que hoy estamos votando a favor de Sánchez e Iglesias. No, lo que estamos votando es si queremos que este sábado se pueda salir sin ningún tipo de control y se produzca la caída de los ERTE y las ayudas», dijo la líder naranja.

Un error «absoluto»

«Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto e imperdonable -comenzó diciendo Sánchez, que anunció que decretará el luto oficial y organizará un homenaje a las víctimas del virus-. No hemos llegado hasta aquí porque nos haya llevado la corriente. Lo hemos hecho con esfuerzo, con sacrificio, y gracias a una herramienta plenamente constitucional como es el estado de alarma. Necesitamos esa herramienta. Es la única que nos permite cegar las vías de contagio del virus». «Las restricciones serán cada vez menos severas, pero seguirá habiendo restricciones, y esas restricciones necesitan el estado de alarma», continuó. ¿Hasta cuándo? El presidente no precisó. Habló de «unas semanas más».

Pero si la aprobación de esta prórroga ha sido difícil, la próxima, si llega, lo será aún más. La primera extensión de las medidas excepcionales, a finales de marzo, logró el 'sí' de casi todo el Congreso: 321 diputados de 350. Esta vez, el respaldo se redujo a la mitad. «La prórroga saldrá adelante, pero hoy ustedes salen con menos apoyos -dijo Íñigo Errejón, de Más País, que votó a favor-. Y los van a necesitar para los que viene». Hoy, la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica, con la que el Gobierno pretende forjar un pacto que una a todos los partidos, celebra su primera cita. El ambiente político no prefigura ningún consenso.

Patxi López presidirá la comisión

El acto estará dirigido por la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, y en él se elegirá a los miembros de la Mesa de este nuevo órgano. Un foro que se activará en plena escalada de tensión entre Sánchez y Casado, que fueron precisamente los que acordaron hace semanas su creación para tratar de buscar soluciones consensuadas una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus.

De entrada, todo apunta a que será el exlehendakari Patxi López quien presida dicho órgano, pues es el candidato que propondrá el PSOE. López, que ya fue presidente del Congreso, dirige actualmente la Comisión Constitucional, una de las más relevantes de la Cámara. El PP había anunciado su intención de proponer para presidir a Ana Pastor al considerar que presenta un perfil idóneo al haber sido ministra de Sanidad, también presidenta del Congreso y ahora vicepresidenta de la Cámara. Pero también porque sostiene que el PSOE ya preside la Comisión General de Comunidades Autónomas, encargada de hacer seguimiento de la crisis en el Senado.