«Cuando salen de los centros de menores deberían tener tramitado su permiso de residencia pero no es así. Nosotros buscamos las rendijas del sistema para encontrar una solución en cada caso. Ahora, si los chavales están tres meses tutelados ya se puede pedir el permiso de residencia justificando como medio de vida que una entidad social se hace cargo de sus gastos», explica Segundo García, director de la Plataforma Social de San Antonio Abad.
Sin embargo, hace unos meses eso cambió y el Gobierno le exigía a los chavales que sus medios de vida fueran propios, no de entidades sociales. «Eso dejaba a muchos jóvenes indefensos, lo que generó una denuncia del Defensor del Pueblo y al final, el Gobierno ha rectificado, pero, ¿qué pasa con quienes se quedaron sin permiso de residencia por ese motivo? Es injusto», senencia Segundo.
En esa situación se encuentra A. P. de Guinea Ecuatorial. El joven tiene 18 años y llegó a España en coche, con 16 años, con la única idea de estudiar y conseguir un futuro mejor. El día que cumplió la mayoría de edad quedó en situación irregular, pero el Estado no permitió que una entidad se hiciera cargo de sus gastos. «Debía acreditar un contrato indefinido de 2.000 euros al mes... ¿Qué joven español tiene eso?», se pregunta Segundo. Ahora la situación administrativa ya ha cambiado y el Estado ha dado marcha atrás con esa postura. Sin embargo, A.P., responsable y aplicado, apenas sonríe, condenado a la invisibilidad tres años hasta que pueda solicitar el arraigo.
