La escalada de tensión entre el Consell y el Gobierno por el frenazo a los planes de desconfinamiento de la Comunitat Valenciana alcanzó ayer una nueva dimensión cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acusó al Ministerio de Sanidad de «cambiar las reglas de juego a mitad de partido» con la aplicación de un requisito que, en un principio, no figuraba entre los indicadores evaluables: la realización de pruebas diagnósticas a los casos sospechosos con síntomas leves.
El detonante del desencuentro radica en el número de tests para la detección del virus practicados en la C. Valenciana. Según el Ministerio, existe una cifra «nada desdeñable» de casos sospechosos sin diagnóstico, lo que arroja dudas sobre el grado de control y expansión de la pandemia. La Conselleria de Sanidad, sin embargo, defiende que ha cumplido a rajatabla en todo momento el protocolo estatal, que hasta hoy reservaba las PCR a los pacientes con una sintomatología menos leve. Según esta versión, el sistema sanitario estaba preparado para superar el parámetro, pero no se tuvo en cuenta porque su aplicación no figuraba en los procedimientos oficiales.
La confusión es obvia y las explicaciones «por píldoras» ofrecidas por el Gobierno ni mucho menos satisfacen al Consell. Puig, que trasladó su malestar y sus discrepancias a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de ayer, volvió a exigir que se revise y se revierta una decisión que no considera justificada con criterios objetivos, lo que abre la puerta a múltiples lecturas, ninguna de las cuales deja muy bien paradas a las relaciones con el Gobierno. «Lealtad no es sumisión. Ningún partidismo se antepondrá a los intereses del pueblo valenciano», avisó el president, que hizo público el informe técnico de 232 páginas que sustentó la petición de desescalada para todo el suelo valenciano y pidió al Ministerio que haga lo propio con su informe. «La única respuesta hasta ahora han sido 9 palabras y ningún papel por escrito. No nos parece serio ni riguroso», censuró con contudencia Puig.
El coordinador del centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, garantizó ayer el traslado de la evaluación de los técnicos a la Generalitat. «Lo hemos pedido por activa, pasiva y perifrástica», respondió el máximo responsable del Botànic, que contraatacó con una batería de datos que sitúan a la valenciana entre las comunidades con una mejor evolución de los indicadores y con un nivel más bajo de incidencia acumulada de casos. «Los valencianos hemos hecho deberes y en cualquier estadística se puede comprobar. No hemos suspendido ningún examen», señaló, antes de pedir disculpas a los miles de autónomos valencianos que habían adaptado sus negocios para comenzar a operar hoy. «Comparto su malestar porque han visto frustradas las expectativas. Estábamos convencidos de que podíamos pasar a la fase 1 porque cumplíamos los requisitos que nos exigían», reiteró.
Frente a la dureza de las palabras expresadas por el jefe del Botànic, el Gobierno respondió con un portazo y cerró filas con la decisión adoptada el viernes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió la «máxima pulcritud y prudencia» con la que se ha elaborado el informe en base al cual se ha tumbado parcialmente la propuesta de desescalada valenciana y avisó de que la resolución no se va a revisar en ningún caso.
La ministra -portavoz María Jesús Montero, aseguró que no se deben trasladar «falsos agravios y especulaciones que no tienen ningún fundamento». «No se puede forzar el ritmo para avanzar en fases», apostilló.
Sin favoritismos
Puig quiso dejar claro que la voluntad del gobierno valenciano es evitar confrontaciones y crispaciones innecesarias. Por ello, hizo hincapié en su actitud propositiva, comprensiva, respetuosa y leal con medidas sujetas a intenso debate como el estado de alarma o el mando único. Sin embargo, el jefe del Consell avisó de que deben aplicarse las mismas reglas para todos los territorios por igual, sin favoritismos, a tiempo que censuró que la cogobernanza y la coordinación con las comunidades pregonada por Sánchez debe funcionar mejor, con «transparencia, reciprocidad y reglas objetivas».
Aunque el president dijo que lo lógico sería que esta semana pudieran cumplirse todos los parámetros exigidos por el ministerio -tal como apuntó Fernando Simón-, admitió el clima de «incertidumbre» como consecuencia de la «confusión» sobre los criterios aplicados, una situación que lamentó, afecta a la credibilidad. «La falta de decisiones también trae consecuencias», remachó.
Hoy mismo la consellera de Sanidad mantendrá una reunión con el ministro Illa para abordar la cuestión. Sin embargo, hasta el lunes 18 no se abriría la desescalada a otros departamentos que inicialmente se han quedado en fase 0.
A juicio de Puig, «toda la C. Valenciana necesita abrirse ya de forma segura. La prioridad es salvar vidas, pero tenemos determinación para salir de la parálisis y salvar la economía», sentenció a continuación. Este lunes se activa la fase 1 en buena parte del territorio y las dudas siguen siendo mayores que las certezas.
