Confecomerç asegura que prohibir rebajas es una condena a muerte al pequeño comercio
La patronal rechaza la restricción del Gobierno que impide a las tiendas físicas iniciar el periodo de ofertas
j. b. | valència
La Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV) expresó ayer su «indignación» al conocer la decisión del Gobierno de prohibir las rebajas en tienda física durante la crisis provocada por la Covid-19, una medida que considera «incoherente» y que «deja en clara desventaja al pequeño comercio respecto a las grandes plataformas digitales» internacionales. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) también mostró su rechazo a la medida.
Tras casi dos meses de cierre, los pequeños comercios han recibido esta noticia como un «mazazo», que necesita urgentemente de una aclaración por parte del Gobierno, dado que la prohibición de las rebajas o promociones significará la «sentencia de muerte para los pequeños comerciantes», asegura Confecomerç en un comunicado.
En su escrito, la patronal autonómica recuerda que las rebajas son una acción que se rige por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por lo que para realizar una modificación de este calibre es necesario cambiar la ley y lamenta las «contradicciones» entre lo publicado en la Orden Ministerial, las aclaraciones de la Secretaría de Estado de Comercio y las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que repercuten en la seguridad jurídica del sector.
El presidente de la patronal, Rafael Torres, lamentó lo que considera una «descoordinación entre ministerios, y una decisión que provocará un gran impacto en el sector», por lo que solicita al Ejecutivo que piense que «con este tipo de medidas se está poniendo en serio peligro la viabilidad de miles de pequeños empresarios y trabajadores, lo que sin duda supondrá la desaparición y cierre de pymes, micropymes y autónomos que forman la mayor parte del tejido empresarial y que representan el 13% del PIB a nivel nacional». En su opinión, «es inadmisible que asistamos a un Plan de Desescalada, en el que se adopten decisiones en contra de la reconstrucción y de la recuperación empresarial y económica, cuando se puede garantizar totalmente la seguridad».
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