El pleno del Consell ha aprobado modificar el decreto de concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de jornada a consecuencia de la COVID-19 con la finalidad de llegar a un número mayor de personas. La cuantía de las ayudas será de 600 euros, si la reducción de jornada es de entre el 81 % y el 100 %; de 450 euros, si la reducción es de entre el 61 % y el 80 %; y de 300 euros, si la reducción es de entre el 50 % y el 60 % de la jornada. En total, Labora destina a ayudas tres millones de euros.

Así, entre los requisitos para poder solicitar la ayuda, el Consell ha flexibilizado el criterio de permanencia en la situación de reducción horaria exigiendo, únicamente, mantenerla durante un mes y ha suprimido la obligación de no superar los 22.000 euros de base imponible en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2018.

Entre los requisitos para optar a la ayuda, destacan el figurar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social; haberse acogido a la reducción de jornada durante el periodo del estado de alarma en un porcentaje igual o superior al 50%, y mantener esta reducción durante al menos un mes; tener el domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Economía Sostenible, a través de Labora, ha propuesto esta modificación tras tener conocimiento de la cuantía de personas potenciales beneficiarias de la subvención, así como al haber constatado la existencia de crédito necesario y suficiente para suprimir determinados requisitos que menguaban sensiblemente el total de personas posibles destinatarias finales.

El plazo para solicitar las ayudas será de 15 días hábiles desde la publicación de este Decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Las solicitudes se podrán presentar a través de cualquier registro oficial y de manera telemática en la página web de Labora (consultar aquí) con certificado electrónico.

Por otra parte, el Consell ha dado el visto bueno a la contratación de emergencia, por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de 15 millones de mascarillas quirúrgicas por un importe de 8,2 millones de euros.

Esta medida tiene como objetivo dotar a los centros sanitarios «de una reserva estratégica y potenciar la capacidad de respuesta ante la aparición de nuevos repuntes de contagios», indicó la vicepresidenta Mónica Oltra.