El diputado de Compromís Joan Baldoví ha dicho en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados que votará no en esta ocasión a la prórroga del estado del alarma. "Nuestro voto será rotundamente no por el compromiso con los que representamos. El Gobierno ha faltado el respeto a los 5 millones de valencianos", ha afirmado el dirigente de la coalición.
La posición de Compromís se produce después del fracaso de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para conseguir un "nivelamiento" en el reparto entre autonomías del fondo de 16.000 millones no reembolsables. "Cada año las nóminas de la sanidad valenciana se pagan con préstamos a partir de septiembre", ha señalado Baldoví, que ha remarcado que 880 millones es lo que deja de percibir la C. Valenciana en Sanidad por la infrafinanción cada año.
No obstante, el diputado ha expresado también el rechazo de la coalición al hecho de que el Gobierno se apoye en Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma hasta el 7 de junio. "Han preferido pactar con los que les niegan el pan y la sal que con los que les apoyamos", ha lamentado tras exponer su decepción por este cambio en las preferencias.
En esa línea ha incidido también Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso, que se ha referido asimismo a la posición de la formación de Mónica Oltra. "Hasta Compromís, poco sospechosos de ser independentistas, les votan en contra", ha dicho.
Pedro Sánchez ha respondido a Baldoví, al que ha elogiado, en un tono dialogante. Le ha llamado a reflexionar su voto, porque "no entiendo su posición", le ha dicho. "Nunca he negado la precariedad de la C. Valenciana y la infrafinanción. Lo he dicho, al tiempo que recordaba los más de 4.000 millones adelantados a las comunidades por el déficit de 2019. El Consell ha sido uno de los principales beneficiarios de ese FLA extraordinario.
¿"Ahora pasa del sí al no por 16.000 millones? ¿Porque no está de acuerdo del todo con los criterios?", se ha preguntado el presidente del Gobierno en su respuesta a Baldoví. "Es un mensaje negativo en los últimos metros del estado de alarma. Piense en lo que traslada a la C. Valenciana".
Baldoví había anunciado a primera hora de la mañana que las negociaciones no habían fructificado. A juicio de la coalición, el reparto de los 16.000 millones "perpetúa la infrafinanciación que padecen los valencianos y valencianas por parte del gobierno español" y supone una discriminación para la C. Valenciana. Baldoví defiende que todos los territorios dispongan de los mismos recursos por habitante "para salvar vidas, rescatar personas y combatir las consecuencias de la pandemia es un planteamiento de sentido común".
El diputado sostenía que ha habido un cambio radical en la actitud del Gobierno tras el pacto con Ciudadanos. "Lamentamos que el Gobierno ahora rechace nuestro apoyo no queriendo atender peticiones que buscan equidad e igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. No podemos apoyar medidas que perpetúan la injusticia y el maltrato al pueblo valenciano.
Pese a ello, el Gobierno está revisando la fórmula para calcular el reparto de los 16.000 millones que va a inyectar a las autonomías por la pandemia con la mirada puesta en que «el criterio de población tenga mayor peso en la asignación global». Así lo indicó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una respuesta parlamentaria a un senador balear, otro de los territorios que, como la Comunitat Valenciana, se ha mostrado disconforme con la distribución de las ayudas.
Las manifestaciones de Montero generaban esperanzas en el Botànic. El conseller de Hacienda, Vicent Soler también ha expresado sus discrepancias con la ponderación inicial de las inyecciones anunciadas por la ministra, que beneficia en mayor medida a las comunidades donde la afección de la pandemia se ha descontrolado en mayor medida y ha generado más casos, sobre todo Madrid y Barcelona. En el entorno de Soler también hay ciertas expectativas sobre una mejora del reparto.
La atención por ahora está centrada en los primeros 6.000 millones destinados a ayudar a las comunidades a paliar los gastos sanitarios provocados por la pandemia, una cantidad que debería transferirse en julio, seguida de otros 4.000 millones que llegarían después del verano.
En un primer momento, Montero propuso que los ingresos en UCI y los hospitalizados por Covid-19 pesaran el 60 % en el cálculo del fondo, mientras que el 40 % restante dependería en un 20 % del número de casos detectados y el otro 20 % de la población ajustada. Las modificación estudiadas por el ministerio pasarían por elevar el listón de este último parámetro, aunque de momento se desconoce el nuevo umbral.
El decreto ley que ha de fijar los criterios definitivos todavía no tiene fecha de publicación. Complacer a todas las comunidades resulta un encaje de bolillos muy complicado, puesto que cada una apela a unos criterios. Lo que se reclama en suelo valenciano es que se tenga más en cuenta el esfuerzo presupuestario y sanitario que se ha desplegado de manera preventiva de acuerdo a la población que potencialmente podía resultar afectada, pese a que la incidencia de casos ha sido más baja que en otras autonomías, lo que penaliza a la C. Valenciana.
Intercambio de documentos
Para apoyar la pórroga del estado de alarma, Compromis pidió tres condiciones: cambiar el reparto, mejorar la cogobernanza en el desconfinamiento y que el ingreso mínimo vital del Ejecutivo se gestione conjuntamente con los gobiernos autonómicos. Estos dos útimos objetivos se consideraban ayer encarrilados tras las negociaciones con Rafael Simancas y Adrián Lastra, pero las conversaciones sobre la distribución del fondo se alargaron todo el día con un ir y venir de documentos entre ambas partes.
