El acuerdo que el miércoles arrancó EH-Bildu al Gobierno para prorrogar el estado de alarma a cambio de proporcionar más capacidad de gasto en políticas públicas a los ayuntamientos y diputaciones forales ha generado desconcierto en el resto de territorios, donde las entidades locales llevan reclamando desde hace dos meses que el Ejecutivo flexibilice la regla de gasto y libere el superávit bloqueado por las normas de austeridad, con tal de hacer frente con garantías a la factura de la crisis.

El pacto asume la reclamación de la formación nacionalista vasca para que el desembolso en políticas sociales no compute en la regla de gasto, pero la falta de concreción sobre el alcance de la medida y las versiones contradictorias respecto al documento alientan la confusión. Varios alcaldes y presidentes autonómicos lo han denunciado como un agravio.

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios (FVMP), Rubén Alfaro, no va tan lejos. El alcalde de Elda entiende que la medida se hará extensible al conjunto de los ayuntamientos españoles, pero pide «claridad y certidumbre» con tal de despejar cuanto antes un panorama plagado de incógnitas al que se enfrentan las corporaciones a la hora de planificar su futuro inmediato. «Aún estamos bajo el universo Montoro», recuerda.

«Lo que PSOE, Podemos y Bildu han pactado lo deberíamos tener el resto de las administraciones locales. Necesitamos un trato equitativo para salir de ésta porque los gastos están siendo brutales», advierte Diego Gómez, vicepresidente de la FVMP y alcalde de Alzira, que recalca que la Federación de Municipios ha encabezado la reivindicación y «se tendría que tener en consideración».

«La decisión no debería ser una cuestión de rentabilidad política para poder prorrogar el estado de alarma, porque el virus no mira el carné político», agrega Gómez. «Siempre ha habido una visión diferenciada de la gestión económica y de las finanzas de País Vasco y Navarra, pero en esta situación de emergencia es muy importante que el resto de territorios tengamos unos criterios lo más parecidos posibles», remacha.

Para el alcalde de Mislata y diputado de cooperación municipal, Carlos Bielsa, «no se entendería» que la medida acordada con Bildu se limitara solo al País Vasco. «El Gobierno y la FEMP están negociando desde hace semanas sobre la utilización del superávit y la flexibilización de la regla del gasto para ayudar a los municipios, familias y tejido social y empresarial en esta coyuntura y estoy seguro de que se acordará extender las medidas a todos los municipios españoles», sostiene Bielsa.

«Lo pactado entre el PSOE y Bildu tiene que servir para todas las ciudades de España», coincide el alcalde de València, Joan Ribó. «Hemos hecho muy bien los deberes desde 2015, reduciendo a más de la mitad la deuda heredada. Es de justicia que este esfuerzo podamos revertirlo en mejorar la situación de nuestra ciudadanía». Ribó recrimina al PSOE que «no ha querido negociar con Compromís una financiación justa para todas las comunidades autónomas, pero sí ha podido negociar con Bildu una mejora para la financiación vasca y navarra».

Alerta por el aumento de deuda

El aplazamiento de impuestos y tasas ha provocado que desde enero apenas hayan entrado ingresos en las arcas de los ayuntamientos, mientras los gastos ordinarios se disparan por la pandemia. «Ya hemos echado mano de los ahorros, pero si no vienen recursos vamos a niveles de deuda desconocida», advierte el alcalde de Alzira. «No tiene sentido obligar a destinar el superávit a los bancos en una situación donde la prioridad tiene que ser luchar contra el coronavirus, ayudar a la ciudadanía y favorecer la actividad económica», comparte en Ontinyent Jorge Rodríguez.