Acuerdo entre acusación y defensas para cerrar con una conformidad una de las piezas separadas del cártel del fuego, la investigación que sacó a la luz presuntas irregularidades en la contratación de servicios relacionados con la extinción de incendios forestales. El caso estalló en 2015 y acabó con la detención y posterior puesta en libertad provisional del exconseller del PP y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano.
La Fiscalía Anticorrupción y los abogados de cuatro de los imputados, entre los que se encuentra el propietario de la empresa Avialsa Vicente Huerta, han firmado en los últimos días un documento para que el juzgado dicte una sentencia por conformidad en la pieza separada que ha investigado determinada facturación entre empresas, sobornos e irregularidades en el proyecto del aeródromo de Viver, lugar en el que Avialsa tenía su centro de operaciones.
Según confirmaron fuentes jurídicas a Levante-EMV, el acuerdo ya está firmado y entregado al juzgado. Nadie puede echarse atrás. A cambio obtendrán una rebaja considerable en la condena y no pisarán la prisión: solo aceptan el delito de negociaciones prohibidas y asumirán una multa de 15 euros diarios durante dos meses, alrededor de 900 euros.
Es la primera vez que Huerta admite determinadas irregularidades y al pacto se ha sumado Francisco Alandí, exgerente de Avialsa que interpuso la denuncia inicial ante la Fiscalía Anticorrupción; el exjefe de la delegación de seguridad en vuelo Salvador Alepuz; y un arquitecto. En este acuerdo no figura Castellano, pues su papel en la red se investiga en la pieza separada que instruye la Audiencia Nacional desde Madrid.
En mayo de 2019, el juez de Sagunt Héctor Santamaría procesó a Salvador Alepuz por los presuntos delitos de cohecho pasivo, negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos, un delito de falsedad en documento público y otro de blanqueo. Sin embargo, en el acuerdo consta expresamente que ni Salvador Alepuz ni el arquitecto investigado aceptaron sobornos o crearon una estructura para blanquear dinero.
El juzgado también atribuyó al empresario Vicente Huerta y Alandí delitos continuados de cohecho activo y tráfico de influencias. En cambio, según esta información, Huerta y Alandí solo serán condenados por el delito de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos tras firmar el pacto con Anticorrupción.
El acuerdo desmonta la mayoría de los indicios de criminalidad que el magistrado expuso en la resolución por la que daba fin a la investigación. Huerta sigue figurando como investigado en el resto de piezas separadas. La más destacada es la que ha asumido la Audiencia Nacional y en la que figura como imputado Castellano.
