La tormenta desatada por el pacto que el Gobierno selló con Bildu para asegurarse la prórroga del estado de alarma no ha alterado -al menos de momento- el papel de Ciudadanos (Cs) como aliado inesperado del Botànic en la misión de tejer un gran pacto de reconstrucción post Covid-19 en tierras valencianas. El giro experimentado por el partido capitaneado por Inés Arrimada en el Congreso, donde ha asumido un rol clave para que el Ejecutivo Central pueda seguir manteniendo los planes de confinamiento y desescalada, volvió a reproducirse ayer en la comisión especial de reconstrucción de las Corts: los diputados de Cs aceptaron retirar su plan de trabajo para adherirse a la hoja de ruta presentada por el gobierno autonómico -con la que mantenían varias coincidencias- a cambio de que algunas de sus demandas fueran tenidas en cuenta.
La situación no es nueva. La semana anterior, la formación naranja ya pactó su presencia en la mesa de la comisión para intentar asegurarse que sus propuestas de comparecientes no sean vetadas. Tanto el PP como Vox se han descolgado de ambas decisiones y continúan caminando por derroteros muy diferentes, en una línea mucho más dura. La sintonía con Ciudadanos permite al Botànic garantizar cierto consenso en torno a un asunto en el que se busca la máxima unanimidad posible.
El acercamiento de Cs al PSPV quedó patente de nuevo ayer en el elevado grado de entendimiento que demostraron ambas fuerzas, que hace unas semanas pactaron en Torrent. Como muestra más clara, el síndic del partido naranja en las Corts, Toni Cantó, registró este mismo viernes una pregunta para el próximo pleno en la que ofrece al president Ximo Puig toda la ayuda que necesite de su formación «para que la Comunitat Valenciana reciba el trato que merece ante la grave crisis ocasionada por la Covid-19» y «dada la actitud de los socios con los que comparte gobierno», después de los rifirrafes por el portazo de Compromís al Gobierno con la última prórroga.
Más sesiones
En la segunda sesión de la comisión de reconstrucción, Cs dio sus votos al Botànic exigiendo como contrapartida que se incrementen el número de sesiones en el calendario marcado -que podría prolongarse una semana- y que los partidos de la oposición puedan proponer comparecientes de forma proporcional a su representación parlamentaria.
Para satisfacer estas demandas,
desde el ejecutivo autonómico se abre la puerta a que aquellos expertos propuestos por los grupos que no puedan comparecer en la comisión especial de reconstrucción por razón de tiempo sean llamados por las diferentes comisiones permanentes ordinarias de las Corts, con la opción de hacer uso de medios telemáticos, en el objetivo de adelantar las labores y facilitar la agilidad del proceso. De esta forma, no se crearán subcomisiones específicas -como pedía la oposición- sino que se derivará trabajo a las comisiones ya existentes. También se activará un «buzón ciudadano» para que entidades, sociedad civil y expertos remitan sus aportaciones.
El plan de trabajo que PSPV, Compromís y Unides Podem sacaron adelante con el apoyo de Cs contempla la citación inicial de 29 comparecientes, cinco vinculados al diálogo social ( CC OO, UGT, CEV, La Unió y AVA) y 24 expertos, con opción de ampliarse.
Tanto el PP, como Cs y Vox pidieron evitar los vetos. «No se puede ignorar la voz de quienes han pasado este calvario en primera persona», señaló el diputado del PP Raúl Ibáñez, que citó a sindicatos críticos como Satse o a la plataforma de afectados por la Covid. Fernando Llopis (Ciudadanos), que empezó trazando paralelismos entre la situación actual y la batalla de Alamnsa, pidió que se remitan propuestas realizables en un corto periodo de tiempo y no «manuscritos del Mar Muerto» y que no se acuda con la predisposición de que Vox «va a traer a Hitler» o el Botànic «a Stalin».
