La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), cuatro asociaciones y dos patronales del sector del juego, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) y el sindicato UGT se unieron ayer en reclamar, junto a la plataforma SOS Hostelería, la paralización de la Ley del Juego y de prevención de la ludopatía de la Comunitat Valenciana, que se votará el lunes en el pleno de las Corts.
Los colectivos fundamentan su petición en la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19. Advierten de que la nueva normativa -pendiente de aprobarse desde marzo- generará «grandes estragos» en el empleo.
Las citadas organizaciones hacen hincapié en que la norma «se redactó en un escenario pre Covid-19, lo que la deslegítima completamente» puesto que el mundo y la sociedad «han cambiado drásticamente». «No tiene sentido legislar tomando como base un escenario completamente distinto al que había cuando se tramitó la ley», comparte el presidente de la CEV, Salvador Navarro, para quien la regulación es excesivamente restrictiva y «puede dañar gravemente» una industria que mantiene miles de empleos directos e indirectos tanto en el propio sector como en la hostelería (por las limitaciones a las máquinas tragaperras), y que contribuye a las arcas públicas con 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos.
«La aprobación de la ley supondría el cierre de más del 95% de los salones de juego en los próximos años y agravará la situación generada por la pandemia», sostiene la presidenta de Anesar CV, Miriam Mayordomo. Las entidades que piden la paralización también creen que la norma «supondría un grave impacto económico en el PIB de la C. Valenciana». Desde el sindicato UGT-PV se señala que el sector aporta 39,2 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, además de «7.000 empleos directos y 30.000 indirectos».
Tanto el PP como Ciudadanos han expresado su rechazo a la ley y votarán en contra el lunes, sumándose a las peticiones desde el ámbito empresarial. Sin embargo, desde el Botànic reiteraron ayer la necesidad de sacarla adelante, poniendo el foco en el problema de la ludopatía.
«No habrá cierres»
El portavoz del PSPV, Manuel Mata, criticó que «la derecha caiga en las presiones de los lobbies» y negó que la ley vaya a suponer cierres masivos. «Lo que no se permitirá es que haya más salones cuando se acaben las concesiones», dijo.
El síndic de Compromís, Fran Ferri, defendió que es urgente aprobar la ley para «acabar con una de las situaciones más preocupantes de los valencianos», mientras que Naiara Davó (Unides Podem) advirtió de que las tasas de ludopatía «han crecido mucho y se ha convertido en una lacra». «Hemos escuchado a todos los sectores y se aprobará una ley pionera», zanjó.
