La desobediencia al confinamiento y al resto de medidas restrictivas impuestas por el real decreto de estado de alarma suman ya 153.766 propuestas de sanción y 1.326 detenciones en estos 68 días que dura el excepcional estado democrático por la pandemia ocasionada por la covid-19.
En otras palabras, las cifras facilitadas ayer por la Delegación del Gobierno suponen que la Comunitat Valenciana ha registrado, hasta ahora, una media diaria de casi 20 detenidos por desobediencia grave y de 2.261 denuncias por desobediencia leve.
Por provincias, es Alicante la que encabeza, a mucha distancia, el ránking de arrestados: 792 en estos 68 días, esto es, el 60 % de todos los registrados en la C. Valenciana. Casi el doble de los detenidos en València, donde ha habido 456 arrestos.
Muy por detrás, obviamente, se queda Castelló, en donde en estos dos meses largo de estado de alarma ha habido solo 78 detenidos, lo que supone menos del 6 % del total de la Comunitat.
Por lo que respecta a las propuestas de sanción, es València quien lidera ese apartado, con 77.213, algo más de la mitad de todas las impuestas en la geografía valenciana desde el pasado 15 de marzo, cuando entró en vigor el real decreto 63/2020. Alicante ocupa la segunda posición, con 62.294 y Castelló se queda con la cifra más pequeña: 14.259 propuestas de sanción.
En este momento, tanto las detenciones diarias por desobediencia grave como las denuncias diarias por desobediencia leve -las primeras comportan un reproche penal, obviamente, mientras que las segundas suponen una infracción administrativa, en este caso, a la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza- han descendido notablemente respecto de las primeras seis semanas de estado de alarma, cuando la restricción a la movilidad era casi absoluta en un intento por frenar la curva de crecimiento de contagios de la covid-19.
Así, de más de 3.000 denuncias diarias en aquellos momentos, se ha pasado a menos de mil ahora. El jueves, por ejemplo, hubo solo dos detenciones en toda la C. Valenciana y las denuncias se quedaron en 1.044, todas ellas por cuestiones relacionadas con la movilidad.
De momento, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil están denunciando aún por incumplir la última norma sanitaria dictada: es obligatorio llevar mascarilla en lugares públicos y concurridos, siempre que no se pueda respetar la distancia mínima de seguridad interpersonal de dos metros. Salvo desobediencia manifiesta a un agente, la premisa sigue siendo, por ahora, una sola: pedagogía, pedagogía y más pedagogía.
