La joven democracia española se introducía el pasado 14 de marzo en una experiencia desconocida: una situación de estado de alarma que va a extenderse casi durante tres meses. Como mínimo. El mensaje dominante en la primera declaración fue el del mando único: las comunidades mantenían la gestión de los servicios públicos fundamentales pero las decisiones estratégicas las adoptaba el Gobierno. Los ejecutivos autonómicos permanecían vigentes, pero sometidos a la tutela de la Moncloa y los ministerios, que asumían el control de la lucha contra la pandemia.
Pronto empezaba a verse, sin embargo, que mando único y unidad de acción son dos conceptos semánticamente parecidos, pero no iguales. Un Ministerio de Sanidad falto de mecanismos engrasados, hábitos en grandes contrataciones y personal experimentado no conseguía dotar con prontitud de material de protección suficiente a las plantillas de sanitarios, adscritas a las comunidades. Así, estas se ponían en acción, como la valenciana, con una operación (Ruta de la Seda) llevada inicialmente en secreto por si los suministros eran interceptados por el Gobierno, que había rechazado la pretensión de otro territorio de importar equipos. Finalmente, el ministerio asumió la realidad ante unas carencias entonces dramáticas, mientras la curva de contagios crecía sin control.
Fue el primer golpe de realidad a las declaraciones altisonantes del mando único.
La pandemia ha demostrado después que no existía tampoco un sistema de almacenamiento de datos único. El recuento de la enfermedad dependía de las cifras de las comunidades, que las han recogido y expuesto no de manera uniforme. Ha sucedido en el caso de los contagios en residencias, contabilizados sí en unos territorios y no en otros.
Han sido dos de las evidencias de que los mecanismos de lucha no podían funcionar sin las autonomías, pero a la vez no existía nada por arriba que marcara un funcionamiento homólogo de los diferentes territorios. Una de las conclusiones claras de esta pandemia es la constatación de un Estado descentralizado sin una coordinación real y eficaz .
Y los organismos con esa función que existían estaban bastante oxidados. La conferencia de presidentes autonómicos, que en teoría debe convocarse dos veces al año, llevaba sin activarse desde enero de 2017, aquel día que Mariano Rajoy, entonces presidente, anunció una reforma del sistema de financiación autonómico que se sigue esperando.
Desde el estado de alarma, la conferencia se ha convocado regularmente cada domingo. Y con pleno de presidentes, algo que no sucedía antes, cuando Cataluña y Euskadi se ausentaban de una mesa que representa el repudiado café para todos. Ahora, el encuentro ha funcionado, existen propuestas cruzadas y es una puerta para el diálogo abierto, si bien los mandatarios lamentan que sea un instrumento informativo y no decisorio. El presidente del Gobierno informa los domingos a los líderes autonómicos de decisiones y medidas que el día anterior ya suele haber comunicado en sus comparecencias televisivas. Informa y escucha a los barones, pero no se adoptan decisiones compartidas en la conferencia.
La tensión de la desescalada
Esta carencia de espacios de decisión compartida se ha comprobado asimismo a la hora de afrontar la desescalada. El paso a la fase 1 se orquestó a modo de resolución eurovisiva, en la que el ministro de Sanidad y la autoridad científica repartían aprobados y suspensos. Unos eran los profesores; los otros, los alumnos, que habían presentados unos informes a examen. El presidente valenciano fue de los más ardientes en la respuesta al suspenso a la C. Valenciana: las reglas se habían cambiado a mitad del partido, dijo. No fue el único que protestó.
Al margen del caso concreto, quedó clara la falta de una organización verdaderamente federal. Alemania, cuyo grado de descentralización se suele comparar al español, dejó en manos de los lander la decisión de pasar de fase a partir de unos criterios para todos. En una estructura perfectamente descentralizada, una institución donde estuvieran representados todos los territorios y el Gobierno del Estado es la que determinaría esos criterios. La pandemia ha demostrado la carencia de estos anclajes para una descentralización efectiva.
Cogobernanza: concepto estrella
La tensión en la desescalada ha llevado a la difusión de otro de los conceptos estrella de este episodio histórico: la cogobernanza. Ximo Puig la explicaba en el caso valenciano. Tras el fiasco del primer suspenso, los epidemiólogos del ministerio y la Conselleria de Sanidad han pasado a estar en colaboración continua para analizar la evolución de los datos y decidir el avance a un estadio superior de desconfinamiento. El resultado es que esta semana la Generalitat era la que directamente anunciaba que prefería esperar.
Políticamente, la pandemia deja además a un PP que, pese a tentaciones del pasado, no ha cuestionado la descentralización. Lógico. Gobierna territorios tan importantes como Madrid, Andalucía o Galicia y cuenta con una estructura autonómica muy consolidada. El modelo ha evidenciado carencias, pero ha demostrado que España es imposible de gestionar hoy sin las autonomías.
