La ultraderecha ha logrado esta mañana frenar la votación de la ley del Juego o paralizarla por unos días. El pleno de las Corts ha comenzado esta mañana con polémica porque estaba previsto que la votación de la Ley del Juego, el primer punto del orden del día, se celebrara de forma ponderada, es decir los portavoces votarían por todos sus diputados como consecuencia de la asistencia reducida que provoca el estado de alarma.

El pleno se ha suspendido unos minutos para tratar de tomar una decisión que no pusiera en riesgo la votación y sobre todo su legalidad. El presidente de las Corts, Enric Morera, ha anunciado que la votación se pospone al próximo jueves después de la sesión de control al presidente. La síndica del PP, Isabel Bonig, ha intervenido para reclamar que los letrados de la cámara emitieran un informe sobre la legalidad de la votación para que los grupos supieran a qué atenerse.

Además un grupo de personas contrarias a la ley del Juego se han concentrado a las puertas de las Corts a la llegada de los diputados y el conseller de Hacienda mostrando su rechazo a la norma del Botànic.

Morera ha asegurado que su intención era evitar cualquier inseguridad en la votación por lo que ha considerado que era más adecuado que se realizara mediante el voto telemático de todos los diputados. Los que están en las Corts, 24 en total, lo harán de forma presencial y el resto, 75, de forma telemática.

El acuerdo para el voto ponderado se adoptó de forma unánime en la última reunión de la junta de síndics, pero Vox presentó un recurso el domingo por la tarde para señalar que se vulneraban los derechos de los diputados. La votación ha llegado a pleno en un momento tenso, después de que los diputados de los partidos de izquierda hayan denunciado presiones para no aprobar una ley que el sector asegura que va a provocar cierre de establecimientos.

Los grupos de la izquierda han asegurado que la derecha ha tratado de frenar la ley por todos los medios y han ligado los intereses de la patronal del juego con el rechazo a la norma de Cs, PP y Vox. El diputado del PSPV, José Muñoz, ha acusado a la derecha de señalar a los diputados que van a votar a favor y ha rechazado que se vayan a perder puestos de trabajo, como denuncia el sector, y recordó que la derecha ya tenía el mismo con la ley Antitabaco, cuando el sector de la hostelería acabó por ampliar puestos de trabajo. Ha defendido que la ley no se aplique a casinos y bingos porque las condiciones objetivas no son las mismas ya que los primeros tienen un funcionamiento distintos, y los segundos han entrado en decadencia.

"Se nos ha señalado, pero con su ejército de abogados y el apoyo de la derecha no van a poder tumbar la ley", ha dicho el diputado de Unides Podem Ferran Martínez. Graciela Ferrer, de Compromís, también ha denunciado que la derecha se ha sometido a las presiones del lobby del juego. "Contra viento y sabotaje de la derecha ni un paso atrás", ha dicho.

Vox, que ha anunciado que se va a abstener, y Ciudadanos han insistido en que la norma afectará a muchos negocios en un momento de crisis por la pandemia y el PP ha insistido en que el Consell no ha hecho nada en estos años para poner freno a los casos de ludopatía y cuando la ley entre en vigor ningún derecho se va a proteger de forma inmediata.