El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha centrado la mirada en la atención de la Generalitat Valenciana a las personas con enfermedad mental que tiene bajo su tutela. Es decir, personas mayores de edad cuyas familias no pueden encargarse de ellos al no poder atenderlos de forma adecuada por su situación económica o social.
En 2017, el Síndic emitió una resolución tramitada de oficio y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aceptó la totalidad de las recomendaciones tras indicar que gran parte de ellas «se encontraban en fase de ejecución». Sin embargo, tres años después, el Síndic de Greuges vuelve a hacer lo propio y eleva una nueva queja de oficio ya que los principales problemas siguen presentes, a pesar de las modificaciones y mejoras introducidas por el Botànic para mejorar la gestión, como fue la configuración del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (Ivass) como la entidad pública tutora para hacerse cargo de la atención a personas con enfermedad mental. Y es que los problemas se cronifican y el Síndic insta a abordar una atención que afecta a casi 4.000 personas.
De entrada, el Síndic pedía, y pide, un estudio que permita identificar «los motivos que justifican el aumento de casos de personas con capacidad de obrar modificada cuya protección recae en la Administración». Y es que el Síndic quiere saber si las familias renuncian a la tutela de sus seres queridos por «una insuficiencia de recursos de apoyos sanitarios y sociales a las familias». Sin embargo, este estudio ni está ni se espera.
El Ivass y falta de plazas
La Generalitat Valenciana puso en marcha el Ivass, con una única sede en València. La propia conselleria reconoce que la «estructura territorial del Ivass está pendiente de desarrollo en Castelló, pero sobre todo en Alicante , que está a la espera de la autorización de la Conselleria de Hacienda para la creación de los puestos de trabajo necesarios». La recomendación, pues, sigue pendiente.
El defensor del pueblo valenciano ya alertaba hace años de la necesidad de que el Ministerio Fiscal revisara las órdenes de incapacidad de los ingresados, sobre todo en los casos de incapacitación total. Para el Síndic, esta práctica contraviene la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad que aboga por dar apoyos a estas personas para tomas decisiones «y no la privación de su capacidad de forma absoluta».
De esta forma, se pedía que la situación se modificara a una incapacitación «parcial» y que la Generalitat promoviera la figura de la curatela y no de la tutela «como cargo más adecuado para el respeto a sus derechos». Sin embargo, para dar ese paso es «necesaria» una «revisión progresiva de la situación en la que se encuentran las personas tuteladas por la Generalitat».
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asegura que la gran mayoría de expedientes asumidos por el Ivass (tanto nuevos como traspasados de las unidades territoriales de tutela) corresponden a la dirección Territorial de València y progresivamente a la de Castelló. Desde Alicante, sin embargo, no se ha traspasado ningún expediente de tutela aunque «desde 2018 se vienen asumiendo casos nuevos». Por ello, el Síndic pide establecer «un calendario que permita concretar la asunción de cargos tutelares por parte del Ivass, intentando limitar la existencia de una doble estructura de gestión».
El Síndic ha detectado también que los ingresos no voluntarios que deberían ser mediante un proceso extraordinario, se han generalizado. Es decir, primero ingresa la persona y posteriormente se recaba la autorización judicial. Sin embargo, la conselleria no ha elaborado ningún protocolo sobre los procedimientos de ingreso no voluntario al entender que esta cuestión «no compete al Ivass, sino a los juzgados o al legislador». El Síndic recuerda que desde el año 2000 existe un protocolo que sí regula estos ingresos en Alicante y afecta a unidades psiquiátricas hospitalarias, centros residenciales de servicios sociales y tratamientos sanitarios y prestaciones sociales externas. En 2009, además, también se reguló otro protocolo para el ingreso involuntario en unidades de psiquiatría y ahora recomienda de nuevo establecer todos los protocolos para la «utilización adecuada» de esta medida.
El Síndic también exige que se valore el grado de discapacidad y/o de dependencia de todos los tutelados ya que «un número importante de personas siguen sin ser valoradas con grado de discapacidad o dependencia y desconocemos si la conselleria o el Ivass han promovido la valoración». Además, Ángel Luna también pide ampliar la red y mejorar la formación de profesionales, entre otras recomendaciones.
