La plataforma SOS Hostelería, que agrupa a profesionales y empresarios del sector, ha anunciado una «dura ofensiva legal» contra la ley del juego, en el caso de que, finalmente, Les Corts den vía libre a la norma y, en concreto, a la obligación para los abres de un mando de activación y desactivación de máquinas de apuestas.

Les Corts retoman esta semana la celebración de los plenos con el debate y la votación para aprobar la ley de regulación del Juego y prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana. Mientras que los partidos del Botànic defienden que es una ley necesaria y que hay que aprobarla ya para combatir la ludopatía, el PP y Ciudadanos, así como la CEV, patronales del sector del juego, empresarios de salones y UGT han pedido que se aplace su aprobación, al entender que supondría un «golpe» a la hostelería y se perderían empleos y dinero.La plataforma SOS Hostelería, que agrupa a autónomos y empresarios del mundo de la hostelería, cocineros, camareros, trabajadores y trabajadoras del sector de la restauración y de la distribución de alimentos y bebidas de la Comunidad Valenciana», anunció ayer en una nota que recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional, la Agencia Española de Protección de Datos, el Parlamento Europeo y la Comisión Nacional de la Competencia.

«El pasado miércoles, el líder de SOS Hostelería, Fidel Molina, hizo llegar a los portavoces de todos los grupos en Les Corts un exhaustivo informe jurídico en el que se cuestiona la legalidad de la implantación de un mando de activación y desactivación de las máquinas tragaperras instaladas en los bares», explica la nota.«El informe es muy contundente y señala que la obligación de este mando vulnera claramente la Constitución», señala Molina, que acusa a los partidos del Botànic de «mentir» cuando sus portavoces dijeron el sábado, en una rueda de prensa telemática, que la ley era fruto del «diálogo social».Los hosteleros han advertido que el sistema de activación-desactivación de las máquinas de tipo B requerirá la «actuación» del personal del local de hostelería para verificar la identidad del posible usuario de la máquina tragaperras previa a su «activación», con todo lo que conlleva de posible conculcación de la normativa reguladora de Protección de Datos.

Los hosteleros pedirán también la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya que, mientras las máquinas tipo B de los bares tendrán un sistema de activación y desactivación, las entidades de juego público o semipúblico podrán instalar terminales de juego, sobre los que la Generalitat no tendrá ningún tipo de intervención.