La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética valenciana, cuyo borrador ha presentado hoy martes la consellera Mireia Mollà, apuesta por un impulso decidido a las energías renovables con un plan director para el horizonte 2030 que contempla la producción de hasta 6.000 MW en zonas fijadas como de desarrollo prioritario. A tal efecto, desde la Conselleria de Agricultura se habla de unas 12.000 hectáreas repartidas por todo el territorio que ya habrían pasado la evaluación ambiental por parte de la Dirección General de Medio Natural, lo que agilizaría la tramitación de expedientes.

La normativa, además, fija el el aprovechamiento de los aparcamientos en superficie superiores a 1.000 metros cuadrados. Este tipo de espacios se habrán de cubrir con placas solares. Es el caso por ejemplo de los centros comerciales, lo que permitirá su abastecimiento. El objetivo es la sustitución de los combustibles de origen fósil como petróleo o gas, tal como recuerda Mollà, para alinearse con los objetivos de neutralidad fijados por la Unión Europea para el año 2050. En los nuevos desarollos urbanísticos también habrá de reservarse suelo para la instalación de energias renovables, así como en los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana, tal como comenta Mollà.

En el tema de las matriculaciones de vehículos con emisiones, a priori, es más restrictiva la ley valenciana que la estatal presentada hace unos dias por el Ministerio de Transición Ecológica. En esa línea, Mollà apunta que habrá medidas de incentivos para introducir los vehículos eléctricos, pero también de desincentivo para los que continúan con las altas emisiones de gases de efecto invernadero. Así, a partir 2023 se contempla que todas las nuevas matriculaciones de vehículos más contaminantes tendrán que hacer frente a un nuevo impuesto a razón de gramos de emisiones por kilómetro, con una tabla progresiva. «Los que más contaminan habrán de asumir esta carga impositiva», apunta la consellera. Algo que en cualquier caso corresponderá fijar a la Conselleria de Hacienda.

La propuesta de fiscalidad verde también incluirá a aquello puntos que concentren vehículos con altas emisiones tanto para el tráfico rodado, como para los barcos. Estos impuestos verdes se destinarán a la creación de un fondo para la transición ecológica con un carácter finalista, con un retorno por ejemplo para iniciativas que ayuden a cumplir los objetivos de la ley. Una posibilidad, señala Mollà, podría ser la de nutrir la red de puntos de recarga eléctrica.

En esa apuesta por el vehículo eléctrico, todos los aparcamientos con más de 40 plazas deberán incluir puntos de recarga, tanto los públicos como los privados. Para los de nueva construcción, con más de diez plazas deberán tener un punto al menos y progresivamente uno por cada cinco plazas.

Mollà ha incidido en la presentación del documento en que la Comunitat Valenciana es uno de los territorios más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. «Estamos señalados para hacer estas acciones valientes y decididas para poner el freno», incide, recordando que se trata «de una de las grandes prioridades del pacte Botànic». Aunque se trata de un borrado, « susceptible de introducir mejoras», desarrolla todo tipo de medidas tanto de mitigación como de adaptación a lo lo largo de sus 122 artículos. «Es una ley compleja y amplia, pero bien fundamentada», según Mollà.

Para la consellera se trata de garantizar la transición hacia un modelo neutro y resiliente, «propocionando herramientas para un cambio de modelo energético con indicadores de seguimiento para ir evaluando el camino y definiendo objetivos de reducción de carbono con una vertiente territorial». La Ley apuesta también por la concienciación y formación ambiental, reitera Mollà.