Dentro del Plan de Reactivación de la Actividad Judicial aprobado el lunes por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se advierte de que existe «un riesgo de posible colapso de la justicia» con los medios tecnológicos y humanos actuales. Es más, reconocen que desde que se hizo obligatoria la presentación telemática de escritos por los profesionales «se han venido sucediendo diferentes incidencias en el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos que están ralentizando la respuesta judicial y que están dificultando el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Comisión Permanente».
Así, instan a la Administración a que refuerce el sistema de comunicación telemática para garantizar una respuesta adecuada en el uso intensivo o masivo de videoconferencias, ya que «se prevé una conexión simultánea de una multiplicidad de órganos judiciales en una misma franja horaria para el desarrollo de comparecencias o juicios». Ya que con los medios materiales existentes se corre el riesgo de nulidad de actuaciones ante la imposibilidad de un desarrollo adecuado del acto o vista, tras haber detectado ya caídas de la red y desconexiones.
Según reflejan estas mismas fuentes, la Comunitat «sufre una particular infradotación de medios informáticos, que viene siendo suplida por la aportación y el esfuerzo individual» de cada profesional, lo que ha permitido hasta ahora la prestación de una justicia de calidad. Pero inciden en la necesidad de que toda la «estructura tecnológica debe ser reforzada».
Entre los problemas tecnológicos detectados está la descarga de expedientes judiciales, así como la visualización de determinados documentos. La duplicación innecesaria al figurar también los borradores no firmados y la ralentización de la aplicación «Cicerone». Este sistema de gestión procesal será sustituido en breve, según el acta de comisión autonómica para el seguimiento del Covid-19 en los órganos judiciales de la Comunitat.
Otro problema es que las salas de vistas carecen de pantallas donde se puedan mostrar los documentos del expediente digital durante el juicio. Además han tenido problemas de sonido tanto en los actos judiciales realizados en los diversos partidos judiciales y por los Juzgados de Instrucción de guardia, como en las dependencias policiales. De hecho, advierten que «en las condiciones técnicas actuales resultará imposible recibir declaraciones y, más aún, celebrar un juicio completo». Una solución que se plantea es contar con monitores con el sonido integrado a través de los micrófonos de sala.
También se requiere a la Administración para que «con urgencia determine los aforos de las sedes judiciales y las salas de vistas», así como que determine el lapso de tiempo imprescindible para la limpieza y desinfección entre juicio y juicio.
Bravo pide cubrir 2.000 puestos
Aunque desde ayer ya se encuentran trabajando de forma presencial un 60 por ciento de los funcionarios de Justicia en la Comunitat, 1.500 en la provincia de Valencia, «existe una necesidad de un aumento sustancial del personal que debe incorporarse al trabajo diario, sea en régimen de teletrabajo o presencial». La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha solicitado al Gobierno central que se eliminen las tasas de reposición, de forma que la Oferta de Empleo Público de la Generalitat del año 2020 incluya la convocatoria de oposiciones para cubrir 2.000 puestos de trabajo.
