Al PP no le gusta el diálogo para la reconstrucción que Consell, sindicatos y patronal impulsan tras la reunión celebrada este lunes en el Palau, una especie de plan B para ayudar desde las instituciones a la recuperación y que tiene cuatro mesas y once grupos de trabajo.

La síndica del PP en las Corts, Isabel Bonig, lanzó ayer una dura diatriba contra la reunión de la Mesa del Diálogo Social del Consell con los representantes de la patronal y sindicatos. Sin que nadie le preguntara, Bonig hizo saber tanto en la junta de síndics de las Corts como después en la rueda de prensa virtual que se siente ninguneada. El PP, el principal partido de la oposición, no está en esa cumbre y Bonig se sintió ayer «tremendamente dolida y defraudada», según dijo a los periodistas.

Aseguró que lo que Puig había hecho con patronal y sindicatos era una mesa de diálogo paralela a la de las Corts y un misil en la línea de flotación de la que ya ha comenzado en el parlamento y que aborda la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

Los empresarios mantienen una buena sintonía con el Consell del Botànic mientras en la pasada legislatura el PP tuvo más de un encontronazo con la patronal. Los populares propusieron que se les retiraran ayudas públicas tras su participación en la manifestación de 2017 contra la infrafinanciación e incluso Bonig llegó a plantear a los dirigentes empresariales que dieran el salto a la política.

Ayer, Bonig acusó a Puig de usar esa cumbre, en la que están los empresarios, para sacar rédito político y quitar todo el protagonismo a las Corts y añadió: «No me siento dolida porque hayan pasado de mí, sino por lo que representa el PP». Recordó que fue ella fue la que desbloqueó la comisión de las Corts para la reconstrucción en el último minuto porque entendió que el parlamento es la casa común y neutral donde tiene que abordarse la reconstrucción y lo hizo pese a que el Botànic no ha aceptado ni uno solo de los comparecientes propuestos por el PP.

Una Mesa «excluyente»

Mientras, Intersindical criticó que la Mesa es «excluyente» al dejar fuera a decenas de organizaciones valencianas, ya que solo forman parte dos sindicatos y la patronal, agentes que «no representan el conjunto de las organizaciones».