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Entrevista

Luis Planas: "Si Bruselas quiere una agricultura más sostenible hace falta más dinero"

El Gobierno advierte de que el modelo agrario de la Comisión Europea en la futura PAC aumenta los costes a los agricultores - Planas pide a las autonomías que vigilen posibles abusos en precios

Luis Planas: "Si Bruselas quiere una agricultura más sostenible hace falta más dinero"

Luis Planas: "Si Bruselas quiere una agricultura más sostenible hace falta más dinero"

Luis Planas Puchades (València, 1952), licenciado en Derecho, inspector de Trabajo y diplomático, fue embajador de España en Marruecos (2004-2010), exdirector de gabinete del otrora comisario europeo Pedro Solbes y exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. El timonel para dirigir la política agraria designado por Pedro Sánchez afronta un período intenso. En estos días la Comisión Europea concreta el dinero que pone para la próxima Política Agraria Común (PAC) de los años 2021-2027. Planas se enfrenta a lo que algunos expertos definen como «tormenta perfecta» desde principios de este año. En declaraciones a Levante-EMV explica sus prioridades y analiza la situación del campo en la era poscovid.

P Precios bajos en origen, aranceles de Estados Unidos, incremento de gastos, nueva PAC. Y, desde marzo, coronavirus. ¿Qué prioridades tiene?

R Con todo y con eso el balance de la cadena alimentaria, sobre todo de las exportaciones, es muy positivo en lo que va de año. La agricultura ha asegurado suministros en cantidad y calidad durante esta crisis sanitaria y económica que vivimos. Sí es cierto que el momento resulta complejo porque tenemos un debate pendiente ante algunos desajustes. El decreto-ley que introduje en febrero para reequilibrar la cadena alimentaria quiere conseguir ‘precios justos’. Que la retribución en origen para agricultores y ganaderos les permita subsistir dignamente y puedan obtener rentabilidad. Y que otros eslabones de la cadena como la industria y la distribución continúen funcionando.

P Falta desarrollar esas iniciativas ya aprobadas por el Congreso y que pretenden mejorar la actual Ley de la cadena alimentaria. ¿Quién debe fijar los costes de producción?

R El decreto-ley 5/2020, que modifica la Ley de la cadena alimentaria, intenta dar un paso adelante más allá de dicha ley aprobada en 2013. Se quedó corta en el tema de los precios y en las denominadas ‘ventas a pérdidas’. Ni este Gobierno ni ninguno autonómico puede fijar precios.

P Pero puede garantizar ‘precios justos’.

R Estamos en una economía de mercado. Ni la Constitución Española ni los Tratados de la Unión permiten fijar precios. Ahora bien sí podemos ayudar a un mejor equilibrio de la cadena alimentaria y en particular, en el eslabón que forman agricultores y ganaderos. Los precios que reciben nunca deberían ser inferiores a los costes de producción. Quien mejor conoces esos costes es el productor aunque no pueda fijarlos, pero sí estimarlos. El Ministerio ofrece un indicador de costes y facilita la tarea a compradores y vendedores. Nuestra garantía es exigir que una contrato de compraventa por escrito donde se fijen precios y estos no sean inferiores a los de explotación. Los tratos verbales en el mundo rural todavía son abundantes en el siglo XXI. Y la segunda tarea es transponer la directiva 17/2019 de Prácticas Comerciales. A finales de año enviaremos un proyecto de ley a las Cortes. Contribuirá a poner al día la Ley de la cadena alimentaria.

P Estos días el pollo se vende a 1,99 euros por kilo y las naranjas navel, a 0,50 euros, en el ‘súper’. A alguien no le salen las cuentas.

R Eso lo analiza la Agencia de Inspección y Control Alimentario (AICA). Es evidente que en cada eslabón de la cadena hay costes y está claro que los precios en algunos casos han sido anormalmente bajos. Es una tarea que el Ministerio se ha fijado como un objetivo, si bien las comunidades autónomas deben jugar un papel fundamental para activar las inspecciones. Lo he repetido en las tres videoconferencias mantenidas en el tiempo que dura del estado de alarma con los consejeros autonómicos.

P La UE, al hilo del llamado ‘Pacto Verde’ y la ‘Estrategia de la granja a la mesa’, elimina plaguicidas, reduce el uso de fertilizantes y obliga a que el 10% de la tierra cultivada se destine a usos no productivos. Las organizaciones agrarias piensan que el campo perderá autonomía.

R De momento son estrategias. No actos legislativos. El Parlamento y el Consejo Europeo deben aprobarlo. España apuesta por un medioambiente sostenible y de lucha contra el cambio climático. Ahora bien, esa sostenibilidad ha de ser triple: económica, social y ambiental. Los agricultores y ganaderos tienen que tener explotaciones rentables económicamente. Ha de ser social porque muchas partes rurales de España están con problemas de despoblación. La ‘Estrategia de la granja a la mesa’ y sobre ‘biodiversidad’ son propuestas que vamos a discutir los Estados de la UE. Es cierto que proponen reducir productos fitosanitarios hasta en un 50 % y de fertilizantes, un 20 %. También se pretende aumentar el tamaño de las tierras dedicadas a la agricultura ecológica hasta un 25 % respecto al total. Hay que ver cómo se financia una agricultura con mayores costes. Si queremos hacer más sostenible la producción agraria y ganadera, necesariamente, eso tiene un coste. Si Bruselas quiere una agricultura más sostenible hace falta más dinero de la UE. Y el segundo problema es de calendario.Esas medidas se plantean para 2030. Queda mucha discusión por delante.

P La nueva PAC, ¿garantizará que un tercio de los ingresos de agricultores procedan de fondos de la UE, tal como pretende el Gobierno?

R Es el otro gran discurso global que hay sobre la mesa. La Comisión Europea publicará las propuestas sobre financiación para el período 2021-2027. Aquí la clave es garantizar el futuro de la agricultura familiar ya sea a tiempo completo o parcial.

P ¿Serán rentables las pequeñas explotaciones?

R Esa situación es típica en el caso de la agricultura mediterránea. La UE deberá tener en cuenta esa estructura productiva. Es la voluntad del Gobierno, desde luego.

P «¡Que no se quede ningún fruto por recoger!», afirmaba usted recientemente en un tuit. ¿Se está consiguiendo ese deseo en los cultivos de temporada de verano y tras meses de estado de alarma?

R Sí. Además, el Gobierno quiere que no quede ningún puesto de trabajo el sector agrario por cubrir durante estos próximos meses tras las alarmas desatadas en el sector. Por eso se va a prolongar lo contemplado en el decreto 13/2020 para que los contratos del campo se puedan prolongar hasta el 30 de septiembre; es decir, los contratos realizados a extranjeros o bien a parados y otros colectivos. En abril se realizaron 20.000 contratos y la fruta de verano, en líneas generales, se está recogiendo con normalidad. Así ocurre en el caso de frutas de hueso como los nísperos o cerezas. O bien otros cultivos de temporada como los ajos. La intensa demanda de mano de obra se está cubriendo.

P ¿Qué piensa de la polémica campaña de Inspección de Trabajo a raiz de un cuestionario remitido al sector? Los agricultores, empresas o cooperativas españolas, ¿esclavizan a sus temporeros?

R No. Ha habido una gran tormenta en torno a un cuestionario anejo a las instrucciones de Trabajo y Seguridad Social y que se realizan todos los años. Estoy seguro de que el 99,9 % del sector agrario está perfectamente en regla y no tiente ninguna preocupación o temor al respecto de esa posible situación que plantea la Inspección de Trabajo. La polémica ha surgido por la utilización de dos palabras: esclavitud y servidumbre. No ha sido una utilización correcta en el cuestionario. La esclavitud acabó en España en 1886. Han sido dos expresiones desafortunadas y no comparto la utilización de esos dos términos en el documento. Es un documento administrativo, que no político, si bien constituye un error.

P El Gobierno ha puesto en marcha una campaña de promoción de alimentos de España ante la crisis . ¿Han tomado cartas en el asunto las grandes empresas de la distribución?

R Estoy satisfecho con el grado de seguimiento. Se hace un llamamiento a la distribución aunque también a los consumidores para que compren productos nacionales y así se retribuya a nuestros agricultores y ganaderos. Todas las grandes cadenas de establecimientos y supermercados se han volcado al respecto.

P Usted es firme defensor de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas para conseguir una mejor planificación del mercado, optimizar costes, concentrar producción y vender mejor. Se avanza poco, ¿no?

R Las organizaciones de productores son claves para garantizar el futuro de la agricultura. Tras el decreto de septiembre del año pasado optamos por regular los fondos y programas operativos de las OP (Organizaciones de Productores) estableciendo reconversiones a nuevas variedades o reestructuraciones a nuevas plantaciones para variedades con problemas de comercialización. Se hace una gran esfuerzo financiero y la UE canaliza fondos a través de estas organizaciones. Ahora bien, es necesario ir más allá del 31 % de afiliación de los agricultores en estas entidades. Así se pierden recursos. Todos tenemos que poner nuestra parte y siempre es buen momento para potenciar estos modelos de producción.

En vísperas de concluir la campaña citrícola 2019/2020 el Ministro de Agricultura hace balance tras la catastrófica temporada anterior y que propició las 16 medidas anunciadas por el Ministerio para ajustar la oferta, mejorar la estructura, así como favorecer la internacionalización y la revitalización del mercado. A Planas le preocupa la tendencia a la baja en el consumo de cítricos desde hace años a pesar de que el coronavirus aumente ahora las ventas.

P La campaña citrícola ha sido corta en volumen pero de precios en origen, mejor. ¿Se ha recuperado el sector o es solo una situación coyuntural?

R Ha sido una buena campaña citrícola a tenor de lo que marcan las cifras en calidad y en precios. Las exportaciones (entre septiembre y marzo, últimos datos que se disponen) se elevaron a casi 2,9 millones de toneladas, una cantidad similar a la de la pasada en estas fechas y por un valor de 2.614 millones de euros, lo que supone un 18,5 % más respecto a la pasada. Por poner un ejemplo, las naranjas de la variedad navel, tanto en origen como de salida de los almacenes, han alcanzado cotizaciones más elevadas . En el campo se vendían a una media de 0,6 euros por kilogramo. El año pasado, a solo 0,13 euros/kg. La media del lustro anterior fue de 0,3. Es decir, este año han mejorado un 55 % en posición árbol respecto a las cinco campañas anteriores. Además, durante el año 2019 las importaciones de cítricos a la UE descendieron un 12,1% respecto al mismo periodo del año anterior (2,12 millones de toneladas). Sudáfrica, principal suministrador, con 778.052 toneladas, ha disminuido sus exportaciones en un 4,4%.

P Entonces, ¿el acuerdo comercial entre la UE y Sudáfrica no es culpable de los males de la citricultura?

R Sudáfrica disminuyó sus exportaciones a la UE. Además, Egipto, Marruecos y Turquía, debido a las restricciones políticas destinó un mayor volumen a consumo interno y han estancado ventas a la UE. Eso juega a nuestro favor. La clave del negocio citrícola está en su capacidad de organización y no debería echarse la culpa a Sudáfrica sino ponerse las pilas. Hay que hacer un seguimiento de cuál es el perfil de producción en cantidad y variedades de nuestros competidores internacionales y no culpar a nadie. Como tampoco en el resto de cultivos.

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