El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Seguridad Social y las comunidades del P aís Vasco y Navarra para tramitar la Renta Mínima Vital mediante la asunción de las funciones correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social ha abierto un nuevo foco de conflicto entre Compromís y el Gobierno central.

El senador de la coalición Carles Mulet ha reclamado explicaciones por el que ha calificado de trato diferenciado y ha exigido el mismo trato para la Comunitat Valenciana. Cabe recordar que la Conselleriad de Igualdad y Políticas inclusivas ya solicitó en su día un acuerdo para poder gestionar la nueva prestación desde la autonomía. El departamento que dirige Móncia Oltra no solicitaba asumir las funciones del INSS, pero sí que esta ayuda social se tramitara de forma similar a la dependencia, de manera que el Gobierno central transfiriera los recursos y fuera la autonomía la que se encargará de la tramitación. Cabe recordar que ya el Consell concede una renta de ciudadanía para las personas más vulnerables.

Como ha venido informando este diario, pese a reclamarlo en varias ocasiones y a días de aprobarse la nueva prestación, el ministerio no había remitidio el borrador del decreto de la Renta Mínima Vital a la Generalitat. Políticas Inclusivas contaba sólo con un power point y no fue hasta anoche cuando llegó el documento con la letra pequeña con los requisitos.Oltra: "Que una desafortunada ejecución no de al traste con una buena idea"

En un comunicado de prensa, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha solicitado al ministerio la“cogestión” de la prestación de manera que se mejore la coordinación con las comunidades autónomas. “Queremos que la conexión entre el IMV con las comunidades autónomas haga que las familias tengan el derecho a la inclusión garantizado, como dice la ley de Renta Valenciana de Inclusión”, ha agregado. "Que una desafortunada ejecución no dé al traste con una buena idea”, ha advertido la vicepresidenta.

Así,Oltra ha enviado dos cartas formales al ministro de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para proponer una serie de mejoras al borrador del Real Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La consellera plantea la suscripción de un convenio entre la Comunitat Valenciana y el INSS (o el Ministerio) para la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión. De manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante. En la otra comunicación formal y por escrito con el ministro, ha aportado una serie de mejoras al texto legal que eviten posibles duplicidades en la percepción de las prestaciones o en lo relativo a la conformidad para la cesión de datos entre administraciones.

Por su parte, en el Senado, Mulet ha preguntado al Ejecutivo si "existen comunidades autónomas de primera, segunda o tercera categoría" y si va a rectificar esta situación y va a permitir la posibilidad de transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital, en aquellos casos en lo que así se solicite.

El senador ha reclamado al Gobierno central la copia de los acuerdos firmados por el Gobierno con los gobiernos de las comunidades autónomas vasca y/o navarra , o el PNV para la gestión del Ingreso Mínimo Vital u otros instrumentos o acuerdos transitorios sobre esta materia.

En este sentido, pregunta por qué para el Gobierno central el gobierno de la comunidad autónoma valenciana, ha de tener menos derechos de los del Euskadi o Navarra; o si existen comunidades autónomas de primera categoría, y otras de segunda y tercera.

En relación a las reuniones informativas que ha mantenido el Ministerio de Seguridad Social con la Conselleria de Igualdad para tratar el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, el senador de Compromís quiere conocer los motivos por los que el Gobierno "no ha querido atender las peticiones de la Generalitat Valenciana para abordar la coordinación en la gestión de esta ayuda".

Asimismo, solicita copia de las respuestas dadas por el Ministerio o por el Gobierno, a los requerimientos o las comunicaciones formales ( cartas, correos electrónicos oficiales u otros medios), remitidos por el Consell de la Generalitat o cualquier conseller o consellera en los cuales se solicita al Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones o al Gobierno que considere diversas opciones o propuestas para la aplicación la aplicación del Ingreso Mínimo Vital.

Mulet ha puesto en valor el actual orden constitucional por el que se establece que son las comunidades autónomas tienen reservado tres de los cuatro pilares del Estado de Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Eso es así, ha afirmado, porque son servicios que se gestionan con más eficacia desde la proximidad.