A dos días de que el Consejo de Ministros apruebe la llamada renta mínima vital, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas continúa sin información concreta sobre cómo se gestionara esta ayuda del Estado que, en teoría, se complementa con la renta de ciudadanía que ya concede la administración valenciana. El departamento que dirige Mónica Oltra pidió hace semanas al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social el borrador del decreto que regula la ayuda, ya que la conselleria y ministerio deben coordinarse para la tramitación de la renta. Ya la semana pasada, en rueda de prensa, la titular de Igualdad, Mónica Oltra, admitió que existen muchas incógnitas sobre la aplicación y la compatibilidad de este recurso con las ayudas que gestiona su departamento e indicó que sólo disponía de un 'power point' que le había remitido el ministerio que dirige José Luis Escrivá. La situación no ha cambiado y la conselleria sigue sin los detalles, víctima probablemente de la propia lucha interna en el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ver quién (Unidas Podemos o PSOE) rentabiliza mejor uno de los anuncios estrella del estado de alarma.

Esta ayuda está dirigida a los hogares en situación de vulnerabilidad y, según los cálculos del Gobierno, podría beneficiar a 2,3 millones de personas. Hasta donde se sabe cada unidad de convivencia podría recibir entre 462 y 1.015 euros, en función de unos requisitos cuya letra pequeña se desconoce.

En su momento, Oltra planteó que esta ayuda diseñada por la vicepresidencia segunda que dirigge Pablo Iglesias se gestionara como la dependencia. Es decir, que el Gobierno transfiriera los fondos a las comunidades y estas se encargaran de la gestión. Cabe apuntar que esta renta de inclusión entra de lleno en competencias de servicios sociales transferidas a las comunidades. Es decir, la coordinación entre administraciones es ineludible.

Escrivá anunció ayer que la creación de un órgano de coordinación con las comunidades para consensuar las ayudas, pero de momento, este cauce de comunicación no se ha abierto. Desde el departamento que dirige Oltra se apunta que esta ayuda será bienvenida, pero lamentan que a estas alturas carezcan de información básica. De hecho, hace unas semanas, el ministerio solicitó a la Generalitat el fichero de datos de las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. Finalmente, la petición se retiró.

En teoría, al ser ayudas complementarias, Políticas Inclusivas podría lograr un respiro económico, ya que una parte de la renta valenciana que ya se cobra en la Comunitat podría ser asumida por el Gobierno central. Esto permitiría a Igualdad liberar recursos para ampliar el número de personas beneficiarias. Tampoco está claro si la ayuda se gestionará vía servicios municipales, una opción que podría sobrecargar el trabajo de los ayuntamientos sin compensación financiera.