La futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana contempla en su Título III la obligación para las grandes y medianas empresas de calcular y acreditar anualmente su huella de carbono, con planes de reducción de gases de efecto invernadero que deberán ejecutar. Y las sanciones que se contemplan no son menores. Hasta entre 250.000 euros y 2,5 millones por infracciones muy graves, clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones o el cierre temporal por un período no inferior a dos años, ni superior a cinco. Todo ello cuando las emisiones contaminantes superen el 100 % el indicador permitido y la entidad, organismo o empresa, haya sido previamente advertida por los servicios públicos de inspección.
El borrador, presentado el martes por la consellera Mireia Mollà, recoge también el cese de actividades o la inhabilitación. Los incumplimientos graves llevarán aparejadas multas que van desde los 25.001 a 250.000 euros cuando las emisiones superen el 50 %, mientras que para las leves la horquilla oscila entre 600 y 25.000 euros al traspasarse el 25 %. La falta de colaboración con los servicios públicos de inspección, así como la negativa a facilitar la información requerida también será penalizada, advierte el articulado.
La nueva ley elimina también las bonificaciones, devoluciones y demás medidas similares sobre la adquisición y el consumo de recursos energéticos de origen fósil y derivados. Se excluyen de esta supresión las ayudas a la adquisición y el consumo de recursos energéticos para la maquinaria del sector primario, «mientras no exista una fuente de energía alternativa viable», tal como se especifica en el documento.
El Consell, como ya publicaba en su edición de ayer Levante-EMV, prevé impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero de determinadas actividades econo?micas, con un valor estimado medio de unos 10 €/t CO2 eq., que debe aumentar bienalmente hasta alcanzar un valor de unos 30 €/t CO2 eq. en 2025. Esta progresión temporal debe tener en cuenta los resultados de la evaluación de los presupuestos de carbono.
Coches, barcos y megacentros
Otro nuevo tributo «verde» a partir de 2023 será para las matriculaciones de vehículos privados o comerciales de hasta 3,5 toneladas que no estén libres de emisiones de dióxido de carbono bajo el concepto de «quien más contamina, paga». Una medida que afecta a todos los motores diesel y gasolina, pero también a los híbridos eléctricos. Su gestión corresponderá a la Agencia Tributaria Valenciana y por su carácter finalista su recaudación irá destinada a nutrir el futuro Fondo Climático. Instalaciones de combustión, refinerías, producción y transformación de metales, industrias minerales, industria química, industria textil, plantas de gestión de residuos o de tratamiento de aguas, entre otras, también deberán asumir el impacto ambiental que generan. Por lo que se refiere al impuesto sobre las emisiones de grandes barcos, su entrada en vigor se ha previsto para 2022 y la conselleria pretende que paguen en función de los kilogramos de o?xidos de nitro?geno emitidos en las maniobras de atraque en el puerto, con mil euros por tonelada de NOx.
En cuanto a las megaáreas comerciales situadas fuera de los núcleos urbanos, el impuesto debe gravar «las externalidades negativas» por los vehículos que acceden a los mismos, cuyo coste ambiental no asumen. La idea es cobrar unos 0,18 euros por turismo.
