La Ley valenciana del Juego ya es una realidad. Tras tres años de debates desde que se conoció el primer borrador en julio de 2017, la norma quedó definitivamente aprobada ayer al mediodía en las Corts Valencianes con los 52 votos que suman PSPV, Compromís y Unides Podem, el rechazo de los 19 del PP y los 18 de Ciudadanos y la abstención de Vox, que se ausentó del hemiciclo tras denunciar días atrás que no era legal el sistema de votación que se usaba.
La norma se aprueba después de que haya ido creciendo la tensión en torno a ella en las últimas semanas, después de que diputados de los partidos del Botànic hayan denunciado presiones para evitar que la norma se aprobara.
La izquierda cree que ha habido connivencia entre la patronal de las empresas del juego que trataron con un recurso de evitar la votación y la ultraderecha de Vox que logró frenar la votación el pasado lunes al impugnar el voto ponderado que se iba a usar en la votación, que fue suspendida.
Ayer mismo, los contrarios a la norma se concentraron en los aledaños de las Corts igual que lo hicieron el pasado lunes. Los manifestantes, varias decenas, partieron de las torres de Serranos hasta la cámara donde protestaron. En los últimos días patronales y asociaciones del sector del Turismo, del Ocio y del Juego, y el sindicato UGT han pedido su paralización
La forma de votación telemática quedó avalada el miércoles por un informe de los letrados de las Corts que reprochaban incluso a los partidos de la oposición que pusieran problemas a cada solución que se adoptaba para permitir el voto de todos los diputados, especialmente los que por la excepcionalidad de la pandemia no pueden asistir presencialmente al pleno, donde solo está presente un máximo de 24 diputados.
Con todo, el sistema de votación, con el recuento de los votos telemáticos y de las enmiendas pendientes, provocó momentos de incertidumbre que obligaron incluso a suspender el pleno.
Dispersión de las salas de juego
Entre las claves de la nueva ley destaca que el tripartito salva las máquinas tragaperras en el sector de la hostelería con una moratoria, aunque impone la obligación de que cuenten con dispositivos de desconexión como ocurre en este momento con las de tabaco. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley deberán disponer de un sistema de activación por control remoto, como el de las máquinas de tabaco, para evitar el acceso al juego de menores de edad y de inscritos en el registro de personas excluidas de acceso al juego. Mientras no se usen no emitirán estímulos sonoros, visuales o lumínicos.
Las salas de juego deberán cumplir la distancia de 850 metros respecto a colegios e institutos. Además, los establecimientos dedicados al juego no podrán ubicarse a menos de 500 metros de distancia entre ellos.
Con ello, el Botànic busca frenar la concentración de salas en determinados barrios y facilitar su dispersión. Los bingos y los casinos se ven obligados a cumplir con el alejamiento.
Todos los locales de juego deberán establecer un control de admisión en la calle para impedir la entrada de menores y de inscritos en el registro de personas excluidas de acceso al juego, y se fija un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para hacer las obras de adaptación.
Años de debate y retrasos
PSPV, Compromís y Unides Podem defienden que era necesario poner bajo control a un sector con la regulación más laxa de los países del entorno, con una norma pionera en España. El PP sostiene que esta ley ni regula ni protege, sino que lleva al paro a miles de trabajadores del sector. Cs anuncia que la ley será recurrida en breve y denuncia el sectarismo y los efectos en el empleo. Vox decidió no participar ni explicar el voto.
