Nuevo agravio comparativo para la Comunitat Valenciana con el País Vasco (aliado estratégico para Pedro Sánchez) como protagonista. Esta vez, a cuenta de la gestión de la renta mínima garantizada, la nueva prestación social para hogares vulnerables diseñada por Unidas Podemos y ejecutada por el Ministerio de Seguridad Social y que ha acabado abriendo un nuevo frente entre el Ejecutivo central y Compromís, socio del Botànic y a quien le corresponde gestionar el área de Servicios Sociales. La tormenta se venía venir desde hace días, pero se desató ayer tras conocerse el acuerdo alcanzado entre el ministerio que dirige José Luis Escrivá y las comunidades del País Vasco y Navarra para tramitar esta renta mediante la asunción de las funciones correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El acuerdo, contemplado en una cláusula del borrador del real decreto que regula la renta y que el consejo de ministros tiene previsto aprobar hoy, enfadó ayer a Compromís, que desde hace semanas lleva reclamando al Gobierno que ceda al Consell la tramitación de la ayuda (muy similar a la de la renta de inclusión que se otorga en la Comunitat Valenciana) y se limite a transferir los fondos, tal como se hace con la dependencia.
De hecho, esta cuestión fue uno de los requisitos que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, puso para apoyar la prórroga del estado de alarma. La vicepresidenta Mónica Oltra, titular del área de Igualdad y Políticas Inclusivas, lo había solicitado también sin éxito. Además, estos días, la portavoz Oltra se había quejado de la falta de información por parte del ministerio hasta el punto de que su departamento recibió el borrador, prácticamente 24 horas antes del día señalado (hoy) para su aprobación por el Gobierno.
En el departamento de Oltra ya conocían extraoficialmente que el País Vasco estaba siendo un interlocutor privilegiado con el Gobierno sobre esta prestación, pero la concreción en un documento del trato privilegiado hizo saltar a Compromís. De un lado, en boca del senador Carles Mulet, que acusó al Gobierno de trato diferenciado y, de otro, la ejecutiva de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, que reclamó la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o un convenio de bilateralidad, mientras mostraba su rechazo a que haya «comunidades de primera y de segunda».
El malestar en el departamento de Oltra era también evidente, si bien el comunicado de prensa emitido por la vicepresidenta tuvo un tono más contenido. Conscientes de que el Gobierno tiene descartada la transferencia de los fondos, Igualdad se centró en exigir al ministerio la «cogestión» con el fin de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. Oltra deslizaba sus críticas: «Que una desafortunada ejecución no dé al traste con una buena idea», advirtió.
La vicepresidenta ha enviado dos cartas al ministro Escrivá, para proponer una serie de mejoras al borrador del decreto. Plantea la suscripción de un convenio con el ministerio para la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión. El objetivo es que ambas prestaciones se tramiten de forma paralela y adaptadas a la circunstancia de cada solicitante. Igualdad hace hincapié en que esta ayuda, al igual que la renta valenciana, esté acompañada de itinerarios de inclusión elaborados por los profesionales de servicios sociales.
Aunque el comunicado evita aludir al acuerdo con el País Vasco, resulta obvio que, al menos de momento, la bilateralidad solo ha funcionado en esa autonomía. La Comunitat Valenciana es, junto al País Vasco y Baleares, el único territorio que tiene ya una renta de ciudadanía muy similar, con lo que la cogestión parece ineludible. Cabe apuntar que pese al enfado, Igualdad resultará beneficiada por la nueva renta, ya que le permite liberar recursos para ampliar los beneficiarios de la valenciana.
