El Ministerio de Seguridad Social ultima con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) la firma de un convenio marco para que los ayuntamientos puedan reforzar su personal con tal de poder atender las solicitudes correspondientes al ingreso mínimo vital dentro de los plazos marcados sin que ello suponga incurrir en un incumplimiento de las restricciones impuestas en las normas de austeridad que constriñen a las corporaciones locales como consecuencia de la Ley Montoro. De esta forma, los consistorios quedarán eximidos de cumplir la regla del control del gasto, que les ha generado un superávit que no pueden gastar, cuando el dinero sea empleado en mejorar los mecanismos para luchar contra la pobreza.
Aunque el despliegue del ingreso mínimo vital corresponde al Gobierno, el borrador de la ley que regulará el instrumento hace hincapié en la necesaria implicación de las comunidades autónomas y las entidades locales con el objetivo de «consolidar el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio», engarzando «el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades con la con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social». La norma pretende «un paso decisivo» hacia un modelo de política social «construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias».
