La violencia de género contra las mujeres obliga en algunas ocasiones a sus víctimas a tener que huir del lugar donde residen. El riesgo a sufrir el acoso de sus maltratadores es tal que estas mujeres están más protegidas si dejan sus casas y se trasladan dentro del anónimato a otras ciudades o incluso dan el salto a otras comunidades. Además del coste personal y emocional que implica este cambio, continuar una vida laboral en otro lugar está al alcance de muy pocas. Sin embargo, hay colectivos, como el funcionarial, que podrían tenerlo más fácil. De hecho, la movilidad territorial entre funcionarias víctimas de violencia machista se produce, si bien el marco regulatorio es deficitario. Según fuentes de la Generalitat, en la actualidad la administración autonómica valenciana da refugio a tres empleadas públicas procedentes de otras comunidades. Se trata de funcionarias que han sufrido violencia machista y cuyo puesto de trabajo se encuentra en la Administración General del Estado. En su día y por motivos de seguridad y tras un acuerdo con la Generalitat, estas mujeres fueron reubicadas en plazas de distintas conselleries. Dos de ellas están en Alicante y una en Castelló. Proceden del norte y el sur de España. Además, hay varios casos de movilidad entre funcionarias valencianas víctimas de violencia machista. Esta movilidad está contemplada en el plan de igualdad de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.

Sin embargo, los traslados entre territorios o entre adminstraciones distintas adolecen de un vacío legal. En este contexto, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, solicitó formalmente esta semana a la ministra de Función Pública, Carolina Darías, un marco regulatorio estable para poder dar seguridad jurídica al traslado entre territorios y administraciones a funcionarias víctimas de violencia de género.

Cabe apuntar que en términos globales y teniendo en cuenta administración local, autonómica o estatal, en todo el territorio español están en nómina un total de 2, 5 millones de trabajadores y trabajadoras públicas. De estas, más de la mitad, 1, 4 millones son mujeres.

Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas indicaron que el objetivo es encontrar un marco regulatorio estable para que las administraciones públicas puedan ser un refugio seguro contra la violencia machista. Según los datos facilitados por la conselleria, en la actualidad ninguna funcionaria valenciana ha sido trasladada a otras comunidades por motivos de violencia de género. Justicia prevé profundizar en estas medidas para proteger a las funcionarias víctimas del machismo.