31 de mayo de 2020
31.05.2020
Levante-emv

La renta vital llegará a 100.000 hogares valencianos con un gasto de 300 millones

El nuevo instrumento del Gobierno aspira a duplicar los beneficiarios de las prestaciones autonómicas - El ministerio responde a Oltra que solo la hacienda foral está preparada para gestionar de forma rápida el ingreso mínimo «por sus peculiaridades»

30.05.2020 | 22:04
La renta vital llegará a 100.000 hogares valencianos con un gasto de 300 millones

Los desencuentros entre la conselleria de Políticas Inclusivas y el Ministerio de Seguridad Social a cuenta de la gestión del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno han dejado en un segundo plano el impacto que tendrá la medida en la Comunitat Valenciana, donde el instrumento aspira a ayudar a salir de la pobreza a cerca de 100.000 personas con una inyección superior a los 300 millones de euros, según las estimaciones conocidas en las últimas horas.

Uno de los objetivos que se marca la norma pasa por conseguir un despliegue más efectivo de las prestaciones que actualmente descansan en manos de las comunidades autónomas, unificando criterios dispares, agilizando los pagos y ampliando sustancialmente el número de beneficiarios, que en el caso de la renta valenciana de inclusión rondan actualmente los 50.000, según los últimos datos de la Generalitat.





Pese a la beligerante postura adoptada por la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la hora de reclamar al Gobierno la cogestión del ingreso mínimo vital para evitar duplicidades, el Ministerio de Seguridad Social se inclina de momento por un desarrollo centralizado de la ley con la única salvedad del País Vasco y Navarra, que podrán desplegar con autonomía el ingreso mínimo en virtud de las peculiaridades de sus haciendas forales, con mayores competencias transferidas y un sistema fiscal propio.

El ministro José Luis Escrivá considera que el resto de comunidades no cuentan con las estructuras necesarias y no están en condiciones para asumir de inmediato la gestión del instrumento -pese ser titulares de las competencias en materia de Bienestar Social- en un momento de crisis en el que se requiere la máxima celeridad de la administración para no dejar a nadie atrás. Aunque las condiciones de acceso al ingreso mínimo serán las mismas para los hogares con independencia del rincón de España en el que se encuentren, a juicio del ministerio la Seguridad Social dispone de una maquinaria más engrasada y maneja la información necesaria sobre los potenciales beneficiarios para dar una respuesta más adecuada y eficaz.

En una entrevista a la cadena SER y en respuesta a las reivindicaciones de Oltra, Escrivá fue un paso más allá al asegurar que los resultados de los modelos de rentas mínimas implantados por las diferentes comunidades -que a partir de ahora quedan relegados a funcionar como mecanismos complementarios y subsidiarios del aplicado por el Gobierno- son «bastante limitados y dispares», por lo que «no existe la certidumbre de que sean capaces de desplegar la prestación muy rápidamente». En contraposición, el ministro dijo que en Euskadi «hay una tradición de muchos años con una renta de garantía de ingresos muy bien hecha y con mucha eficacia». Las declaraciones generaron malestar en el Consell, especialmente verbalizado ayer en las filas de Compromís.

El borrador de la ley de la renta vital hace referencia a los problemas recurrentes en las comunidades autónomas, que dejan fuera a «muchos de los potenciales beneficiarios» de las prestaciones por «la complejidad de los procedimientos». En la C. Valenciana, la tardanza en resolver los expedientes correspondientes a la renta de inclusión ha motivado un goteo de resoluciones del Síndic de Greuges por el retraso en el pago del ingreso que atañen tanto a la administración autonómica como a los ayuntamientos, con recursos limitados para atender las peticiones. Desde la conselleria recalcan en cualquier caso que los plazos se han agilizado durante la pandemia. Mientras que Oltra había pedido que se utilizara el sistema aplicado con la ley de dependencia como modelo para desarrollar el ingreso mínimo y «evitar problemas», Escrivá asegura que dicho ejemplo de cooperación «no ha funcionado bien».

Posición adversa de partida

Según los datos del Gobierno, con el actual modelo descentralizado la C. Valenciana parte de un contexto en el que se sitúa como la tercera autonomía por la cola en el índice que mide el porcentaje de la población cubierta y el gasto destinado a la renta de inclusión, en una clasificación encabezada por el País Vasco (como se observa en la gráfica que acompaña a esta información). Los estudios muestran que Euskadi gasta mucho más y en mucha más gente de lo que correspondería a su tasa de pobreza, del 9%, mientras que lo contrario ocurre con la C. Valenciana, donde la tasa de pobreza supera el 20%. Desde el Ejecutivo Central se defiende que el ingreso estatal ayudará a equilibrar la balanza.

En el departamento que dirige Oltra esperan a que la norma se plasme oficialmente en el BOE para comprobar si se han aplicado algunas de las peticiones sobre el borrador remitidas el miércoles por la mañana. En la conselleria de Políticas Inclusivas remarcan que han sido reivindicativos y propositivos y consideran infundadas las afirmaciones del ministro.


Cogestión para el futuro

El ministerio deja para un futuro -a partir de 2021- el estudio de fórmulas de cogestión de la renta vital con el resto de autonomías. En cualquier caso, el Gobierno busca el apoyo y la implicación de las comunidades y los ayuntamientos en la provisión de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social. «No se trata de una batalla de competencias», enfatizó el ministro. «Las comunidades van a tener un papel fundamental, pero se trata de desplegar la renta mínima muy rápidamente y con eficacia y eso es lo que hemos priorizado», insistió Escrivá para defender el criterio seguido por el Gobierno.

Mónica Oltra, en cambio, ha defendido que la prestación debe ir acompañada de itinerarios de inclusión como los que ya se aplican los expertos en la Comunitat Valenciana, a tiempo que ha advertido de las duplicidades que pueden generarse con la aplicación retroactiva del ingreso mínimo, recalcando que los servicios sociales son de competencia autonómica.

«Todas las comunidades no tienen por qué adherirse a mi esquema», indicó a modo de respuesta el ministro en la entrevista concedida a la Ser el viernes por la noche. «Es su ambito competencial y con su presupuesto pueden hacer lo que quieran, pero los presupuestos generales del Estado son de mi responabilidad», remachó. Escrivá incide en que una de las novedades de la ley es el contraste entre los datos sobre el patrimonio y la renta de los hogares para el cálculo de la prestación, una de las razones por la que considera más eficaz ceder a Euskadi la gestión. «Estos territorios tienen otras especificidades y características», reiteró el ministro, frente a las críticas de un trato diferenciado procedentes tanto de la C. Valenciana como de otras autonomías como Cataluña o Galicia.
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