La C. Valenciana afronta la reconstrucción con un 50% menos de recursos que la media autonómica

Un estudio del IVIE señala que el Gobierno debería priorizar a los territorios infrafinanciados con los fondos extraordinarios para evitar una salida de la crisis a varias velocidades

S. G. València

02·06·20 | 12:10

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La C. Valenciana afronta la reconstrucción con un 50% menos de recursos que la media autonómica

La Comunitat Valenciana parte de unas condiciones de financiación mucho más desfavorables que el resto de las comunidades autónomas para encarar la reconstrucción de la economía tras la pandemia de la Covid-19. El territorio necesitaría incrementar al menos un 50% su gasto por habitante en desarrollo regional para igualarse a la media autonómica y ello resulta inviable si la Generalitat no recibe una mayor compensación en forma de recursos procedentes de los fondos extraordinarios proporcionados por el Gobierno Central para equiparar sus ingresos a los del conjunto.

Esta es la principal conclusión que se extrae del último estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a cargo de los economistas Francisco Pérez y Silvia Mollá. Como responsables de atender las competencias relacionadas con los servicios públicos fundamentales, los gobiernos autonómicos se están viendo obligados a afrontar los efectos de la pandemia desde el primer momento, especialmente en los aspectos relacionados con la sanidad.

Sin embargo, la recuperación económica requiere un refuerzo de las políticas de desarrollo regional destinadas a impulsar la actividad, cuyo presupuesto se ha reducido desde 2009 un 50% y actualmente solo pesan un 14,5% tras los severos ajustes registrados durante la anterior recesión.

Estos recortes no han impactado con la misma intensidad en todas las regiones. Los gastos por habitante en desarrollo regional (impulso económico, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, cultura y apoyo a la I+D+i) continúan siendo muy dispares, según refleja el estudio. Mientras que Navarra, La Rioja y Cantabria superaban en 2018 los 800 euros de gasto por habitante en esta partida, Murcia y la Comunitat Valenciana no alcanzaban los 400 euros, la mitad.

Los expertos sitúan la razón principal de esta disparidad en los desequilibrados recursos con los que cuentan los gobiernos autonómicos para atender los servicios que tienen transferidos a través del sistema de financiación. En concreto, la diferencia de recursos por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas (Comunitat Valenciana y Navarra) superaba los 60 puntos porcentuales en 2019.

Las comunidades autónomas que cuentan con más ingresos por habitante (Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias) necesitan desplegar un menor esfuerzo presupuestario para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. A pesar de gastar más por habitante en estos servicios, el porcentaje de los ingresos netos que estas comunidades dedican a sanidad, educación y protección social se aproxima al 70%. Sin embargo, las autonomías peor financiadas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana) han de utilizar entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender servicios públicos fundamentales, pese a no gastar más que la media. Esto implica que los primeros territorios disponen de más recursos que los segundos para atender los gastos en desarrollo regional.

Los economistas advierten en su informe de diferencias "preocupantes" porque cuestionan el principio de solidaridad interterritorial, especialmente en este momento, en el que las administraciones se enfrentan al reto de reconstruir las economías regionales tras la crisis derivada de la COVID-19.

En la Comunitat Valenciana, los gastos en servicios públicos por habitante se sitúan en la media autonómica (99,7%), pero absorben el 87,6% de los ingresos netos de la comunidad. En 2018, la autonomía dispuso de 17.285 millones de euros de ingresos no financieros que, una vez descontadas las transferencias a otras administraciones, los intereses de la deuda y los gastos en servicios generales y seguridad, dejaban 13.370 millones de euros disponibles para servicios públicos e iniciativas de desarrollo regional. De esa cifra, 12.997 millones, el 97%, se destinaron a servicios públicos fundamentales, de modo que solo el 3% restante se pudo emplear en ayudar al impulso económico de la región, medidas de protección del medio ambiente o apoyo a la I+D. Al suplementarse esos recursos para desarrollo regional con endeudamiento, el gasto en esas políticas ascendió a 1.947 millones de euros. Pese a ello, el gasto por habitante en esas partidas fue de 392 euros, el segundo más bajo, solo por delante de Murcia (376).

Según el estudio, en la Comunitat Valenciana, dada su dimensión poblacional, desplegar un gasto en desarrollo regional por habitante similar al de algunas autonomías que cuentan con más recursos implicaría incrementos de entre el 50% y el 120%, según la región con la que se compare. Por ejemplo, para igualar el gasto por habitante de Navarra, habría que incrementar los 1.947 millones disponibles con otros 2.376 millones. Los aumentos que igualarían la Comunitat Valenciana a las mejor dotadas representarían impulsos de demanda muy importantes, equivalentes a entre el 1% y el 2% del PIB valenciano, y ofrecerían mucho más margen para desplegar políticas de mejora de la competitividad, tal como ahondan los expertos del IVIE.

Los autores del informe sostienen que el Gobierno debería tener en cuenta las diferentes circunstancias financieras de las comunidades autónomas al diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación, puesto que la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto del COVID-19 "es mucho más limitada en alguna de ellas". "Mientras que no se adopten medidas para que los sistemas de financiación dejen de generar asimetrías, las comunidades que cuentan con menos recursos deberían recibir fondos para la reconstrucción de manera prioritaria, pues de otro modo esa reconstrucción se producirá a diferentes velocidades y existirá mayor riesgo de divergencia regional ", concluye el estudio.