La nueva (y última) prórroga del estado de alarma saldrá adelante gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el voto favorable del PNV, que ya fue clave en la anterior, donde saltó la sorpresa del extraño y polémico pacto del Gobierno con Bildu. No es gratis. Los republicanos venden que han conseguido que la gestión de los fondos europeos regrese a las comunidades. Además, el control de la fase 3 de la desescalada estará también en las autonomías.
No es que sean tampoco grandes logros. Quim Torra subrayó el domingo que la UE ya preveía que las regiones tendrían competencias sobre el dinero (nótese el componente preelectoral de todo este contexto de pequeñas batallas y medallas ligradas). Pero al menos son gestos. Y estos miran de manera recurrente en los dos meses y medio de estado de alarma hacia las mismas esquinas del tablero: País Vasco y Cataluña.
Es el statu quo desde la Transición democrática, reforzado ahora. La atomización del Congreso de los Diputados (la novedad con respecto al pasado) no ha cambiado el paisaje. No ha favorecido una nivelación, sino consolidado los privilegios de unos.
La evolución de la desescalada (Euskadi de fase 0 a 1 con unos datos de la pandemia suestionados por otros territorios, como la Comunitat Valenciana), la gestión del ingreso mínimo vital (solo cedida a vascos y navarros, porque tienen Hacienda foral), el control de la fase 3 y el manejo del dinero procedente de Europa son decisiones en las que Cataluña y País Vasco han marcado el ritmo gracias a los acuerdos con los partidos vascos y catalanes que necesita el Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos para sostener el estado de alarma.
¿Dónde queda la C. Valenciana en el escenario de la pandemia? El plan Marshall europeo, el fondo no reembolsable para ayudar a las autonomías, la prioridad a las industrias turística y automovilística o la unificación de criterios en Europa para la entrada de turistas de otros territorios son ideas que se han oído primero en boca del president valenciano y que han sido adoptadas luego por el Ejecutivo. Ximo Puig ha tenido asimismo una visibilidad notable en la escena mediática estatal. Un último informe subraya asimismo que el Consell lidera el gasto para hacer frente al virus (ha licitado contratos por el triple de valor que Madrid). Se puede decir que imagen de solvencia al menos ha ofrecido. Sin embargo, no ha obtenido gestos visibles del Ejecutivo, a pesar de ser la principal comunidad gobernada también por progresistas.
La C. Valenciana no ha sido solo granero de propuestas, ha sido la única que por ahora ha rechazado acelerar el cambio de fase: el Botànic está empeñado en trasladar una imagen de territorio seguro de cara al turismo.
Es política ficción, pero si los dos ejecutivos fueran de colores distintos y todo hubiera sucedido igual, tendríamos posiblemente un incendio diario. Y puede tener efectos: la impresión de que no obtiene nada (o muy poco) de Pedro Sánchez puede acabar debilitando a Puig ante la oposición y frustrar el ambiente político menos tóxico en la C. Valenciana. Algún avance en la financiación autonómica podría ser el guiño. De momento, ni en el primer criterio de reparto de los 16.000 millones ha tenido privilegios.
Se puede decir que la C. Valenciana no ha obtenido gestos ni por las buenas ni por las malas. Las medidas de presión de Compromís en Madrid con su único diputado tampoco han dado frutos y, por contra, han propiciado una imagen de confrontación de las izquierdas en España y en la C. Valenciana que puede tener coste en forma de desgaste. En definitiva, sin cambios en el mapa del poder territorial
