No es fácil ver a los jueces expresar sentimientos y en una sala de vistas menos, pero ayer la juez de adscripción territorial (JAT) Raquel Catalá (una magistrada de refuerzo), tenía motivos más que suficientes ayer para hacerlo, casi con lágrimas de felicidad en los ojos porque, gracias a su constancia y empeño, acababa de poner en marcha en la C. Valenciana los juicios telemáticos. Y no fue uno, fueron nueve, todos, es cierto, dentro de una jurisdicción, la contenciosa, donde la prueba documental es con diferencia la panacea para inclinar la balanza, pero donde ayer se vigiló con mucho cuidado que no existiera vulneración de derechos ni causa de nulidad alguna. De hecho se les preguntó a los letrados si estaban conformes y todos asintieron.

El sistema informático que se ha implantado permite a la magistrada que determinadas pruebas de la vista, caso, por ejemplo de documentos aportados el mismo día o testificales, no puedan ser vistas por nadie más que por los litigantes, ya que se permite público en streaming (en directo a través de internet) gracias a la web de Justicia. Ver a los abogados con sus togas sentados en sus despachos, donde se les intuye frente a la pantalla de sus ordenadores, y a la magistrada dándoles paso en todo momento en perfecta armonía, ofrece una imagen muy distinta de esa decimonónica Justicia donde, en pleno siglo XXI, herramientas como el fax, ya en desuso en cualquier otra administración, sigue constituyendo una pieza fundamental.

Y Raquel Catalá, una jueza joven y con ímpetu, que lleva ocho años en Elx, había conseguido lo que nadie. Que todo el mundo saliera conforme de los juicios telemáticos. Solo es preciso que en la sala esté un funcionario para darle al botón de grabación; el resto, secretario o magistrado incluido, pueden estar en sus despachos.

«Un abogado me ha comentado que se ha evitado más de cien kilómetros», comentaba satisfecha al término de las sesiones. E modelo tiene otras ventajas, como el hecho de que los letrados reducen de forma considerable sus exposiciones y eso da mucha más agilidad a las vistas.

El primer juicio era un clásico del mundo contencioso: el recurso de un inmigrante que ha sido expulsado y que se agarraba a esta última posibilidad para evitar su expulsión. Una vista donde no había mucho más que discutir que si la Administración había aplicado la legislación bien o si existía un resquicio legal que abriera al inmigrante la posibilidad de quedarse en un país donde, dijo su letrado, ya vive un familiar comunitario y a donde entró en 2018 con una carta de visita.