Nada nuevo se desvela con la afirmación de que la Comunitat Valenciana parte de unas condiciones económicas mucho más desfavorables que el resto de las comunidades autónomas para encarar la reconstrucción de la economía tras la Covid-19 por culpa de la infrafinanciación. Pero un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha puesto negro sobre blanco las cifras de una desigualdad entre territorios que podría agravarse como consecuencia de la pandemia.
La Generalitat parte de un escenario en el que su gasto por habitante para impulsar la actividad económica (392 euros) se sitúa como el segundo más bajo del conjunto de España, solo por delante de Murcia (376 ?/hab.). La C. Valenciana necesitaría incrementar al menos un 50% esa cuantía -desplegando una inversión adicional de 500 millones- si quisiera igualarse a la media autonómica. El problema es que ese desafío resulta inviable a tenor de los recursos que actualmente recibe del Gobierno Central.
En el último ejercicio del que hay datos completos, la Generalitat dispuso de 13.370 millones de euros (descontando deuda y otros gastos fijos), de los cuales el 97% se destinaron a servicios públicos fundamentales, de modo que solo el 3% restante se pudo emplear en ayudar a iniciativas de desarrollo regional y a medidas como la protección del medio ambiente o el apoyo a la I+D. Aunque los gastos que se destinan a servicios públicos coinciden con el promedio autonómico (99,7%), absorben el 87,6% de los ingresos netos de la administración valenciana.
El importe dedicado a la activación económica se incrementó a costa de elevar el nivel de endeudamiento, pero los gastos por habitante en dicha materia siguen muy lejos de otras autonomías, hasta el punto de multiplicarse por dos en territorios como Navarra, La Rioja y Cantabria, que superaban en 2018 los 800 euros per cápita en impulsar el desarrollo.
Los autores del estudio, Francisco Pérez y Silvia Mollá, sitúan la razón principal de esta disparidad en los desequilibrios del sistema de financiación que nutre a los gobiernos autonómicos para atender los servicios transferidos. Afinando el foco, la diferencia de recursos por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas (Comunitat Valenciana y Navarra) superaba los 60 puntos porcentuales en 2019.
Las autonomías con más ingresos por habitante (Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias) requieren un menor esfuerzo presupuestario para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. A pesar de desplegar un mayor desembolso por habitantes, el porcentaje de ingresos que estas comunidades dedican a sanidad, educación y protección social ronda el 70%. En cambio, las autonomías peor financiadas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana) consumen entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender servicios públicos fundamentales, pese a no gastar más que la media. Esto implica que los primeros territorios disponen de más recursos que los segundos para orientarlos al impulso económico.
Fondo de nivelación
Los economistas del IVIE observan en su informe diferencias «preocupantes» que cuestionan el principio de solidaridad interterritorial, especialmente en este momento, en el que las administraciones se enfrentan al reto de reconstruir sus economías tras la crisis derivada de la COVID-19.
La valenciana es la cuarta comunidad más poblada, pero para desplegar un gasto en desarrollo regional por habitante similar al de las autonomías con más recursos tendría que aumentar ese esfuerzo presupuestario entre un 50% y un 120%. Igualar a Navarra, por ejemplo, supondría sumar 2.376 millones a los 1.947 millones consumidos en el último ejercicio. El informe del IVIE señala que ese incremento desembocaría en impulsos de demanda muy importantes, de entre el 1% y el 2% del PIB valenciano, que ofrecerían mucho más margen para desplegar políticas de mejora de la competitividad.
Los autores del estudio sostienen que el Gobierno debería tener en cuenta la desigualdad financiera de la que parte la C. Valenciana a la hora de diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación, puesto que su capacidad de respuesta es mucho más limitada. Hasta que se corrijan las asimetrías del sistema financiación, los expertos abogan por que las comunidades menos dotadas reciban los citados recursos extra de forma prioritaria hasta equipararse al resto. De lo contrario, advierten de que se generará una reconstrucción «a diferentes velocidades» y existirá «mayor riesgo de divergencia regional».
