Pedro Sánchez aprovechó ayer el último debate parlamentario sobre el estado de alarma para clamar, sin ningún éxito, contra la crispación política. En un momento en el que la tensión dialéctica está alcanzando cotas muy altas, con la oposición de derechas acusando al Gobierno de recortar libertades, no respetar la división de poderes y ser responsable de las más de 27.000 muertes por el coronavirus, el presidente llamó a la «unidad» en un momento tan grave, frente a la «mezquindad de la pequeña política». Sánchez teme que algo similar a lo que está ocurriendo en EE UU, un país profundamente dividido, con enfrentamientos en las calles a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, ocurra en España.

El Ejecutivo logró aprobar el estado de alarma hasta el próximo 21 de junio con los votos de Cs, el PNV y Más País, y la abstención de ERC y Bildu. En total, la ampliación de la medida cosechó 177 'síes' frente a 155 rechazos y 18 abstenciones. En esta cita en el Congreso, Sánchez quiso detenerse en la bandera rojigualda, omnipresente en las protestas de la derecha contra el Gobierno. «Es de todos y todas, representa nuestra voluntad de vivir juntos. (...) No la usemos como si fuera un arma, no empleemos el nombre de España en vano. Estamos viendo el veneno cuajar en EE UU y no queremos verlo en España», señaló el líder socialista durante un discurso en el que las menciones a la «unidad» fueron constantes.

PP y Vox compiten en dureza

Pero el Gobierno no confía en que estas apelaciones calen en el PP y Vox. De hecho, importantes miembros del Ejecutivo han contribuido también a la crispación, como el vicepresidente Pablo Iglesias, que la semana pasada acusó al partido ultra de «querer un golpe de Estado», pero «no atreverse», unas palabras que sentaron mal en el entorno del presidente. El líder de Podemos se disculpó poco después aunque de una forma un tanto vaga.

Dentro de este clima de alto voltaje, el 8M ocupa un lugar especial. Fernando Grande-Marlaska se encuentra en su momento político más bajo por su crisis con la Guardia Civil. En su intervención inicial, Sánchez no se detuvo en Marlaska, pero sí reivindicó la cita feminista. «Queremos un país de igualdad entre hombres y mujeres. Lo digo alto y claro: viva el 8 de marzo», señaló.

La petición de Sánchez de evitar la crispación no tuvo ningún eco en las derechas. El líder del PP, Pablo Casado, trazó una enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno, más allá de la pandemia. Casado afirmó que Sánchez es el presidente «más radical» de la democracia, y le acusó repetidamente de mentir «sin rubor».

El líder conservador calificó de «purga» el cese de Pérez de los Cobos (al que calificó de «intachable») y reclamó su restitución y el cese de quienes ejecutaron la decisión de apartarlo del cargo. Casado anunció también que tras la crisis sanitaria el PP pedirá una comisión de investigación para esclarecer «responsabilidades del Gobierno en su nefasta gestión». Todo ello con referencia a sus cesiones a los «proetarras», que «oculta a los muertos»y convierte cada votación «en un bazar en que la igualdad de los españoles se regatea a precio de saldo».

Por su parte, Santiago Abascal mantuvo el tono agresivo, acusando al Gobierno de pactar con ETA, de «sectarismo y negligencia criminal» y de «guerracivilista».

Frente a esta competición en dureza contra el Gobierno, Ciudadanoss, tan crítico antes con Sánchez (sobre todo con Albert Rivera al frente), empleó un tono absolutamente distinto. «Uno se pregunta si los que están hoy aquí están a la altura. No hablan del estado de alarma», denunció el portavoz naranja, Edmundo Bal. Tras apoyar al Gobierno por tercera vez, Cs es tentado ahora por Moncloa para negociar los Presupuestos, algo que Bal descartó.