La Justicia volvió a ponerse ayer en marcha tras casi tres meses paralizada por la emergencia sanitaria del coronavirus. Es la primera vez que se prorroga tanto en el tiempo una suspensión de los plazos procesales y el confinamiento ha provocado que queden en el aire más de 25.000 vistas en la C. Valenciana. La Justicia se enfrenta a una crisis sin precedentes y se espera un colapso en los tribunales por todo el trabajo que quedó pendiente.
La actividad judicial se retomó con normalidad, el aforo limitado, colas para acceder a primera hora y sin apenas vistas. El único servicio que todavía no estaba operativo ayer en la Ciudad de la Justicia es el que presta la oficina del Ilustre Colegio de Abogados de València (Icav) -previsiblemente se pondrá en marcha hoy-. La próxima semana se celebrará el primer juicio con jurado de la era pos-COVID en la Audiencia de València en una sala especial para garantizar las distancias de seguridad.
Desde la Generalitat Valenciana se ha llevado a cabo un programa para que las sedes judiciales vuelvan progresivamente a la normalidad en condiciones seguras para la plantilla y los usuarios. La Conselleria de Justicia ha preparado un plan de contingencia específico y diferenciado para cada una de las 63 sedes judiciales repartidas entre las tres provincias. La inversión ronda los tres millones de euros.
Juicios en seis salas
En València, este jueves se celebraron juicios en seis salas distintas. Los asuntos estaban relacionados con reclamaciones económicas, custodias y divorcios, además de contenciosos y penales. Jueces, fiscales y abogados impulsan las conformidades -significa que los acusados reconozcan los hechos a cambio de una reducción de la condena- para intentar reducir al máximo el número de juicios a celebrar. También han vuelto las bodas civiles.
El coronavirus suspendió unas 200 ceremonias y la previsión es que en el mes de junio se puedan celebrar unas 120. El aforo se limita a la presencia de la pareja y los dos testigos.
Se han extremado las medidas de higiene, se han recubierto los micrófonos con plásticos para evitar contagios y se han instalado puntos ecológicos para depositar mascarillas o guantes.
La actividad del juzgado de guardia también ha vuelto a la normalidad. El índice de casos que entran ha vuelto a los niveles de antes de la cuarentena y no hay cambios sustanciales en el tipo de delitos que se cometen. Sí se ha detectado un repunte de quebrantamientos de órdenes de alejamiento, confirmaron fuentes judiciales.
Mientras, las primeras denuncias que ayer llegaron a la Fiscalía de València hacen referencia a conflictos entre vecinos ocasionados durante el confinamiento por los mensajes que se colgaban en los balcones o las caceroladas. Además, también se han empezado a presentar escritos en Anticorrupción por presuntas irregularidades en la compra de material o contratos de diversos municipios, añadieron estas fuentes.
Por lo que respecta a las denuncias presentadas directamente en el juzgado, se registraron 350 asuntos para reparto, de los cuales 157 están relacionados con conflictos laborales. Se espera que el número de demandas aumente en las próximas semanas.
Limitaciones
Solo en la provincia de València se han redactado 33 planes de contingencia para los edificios repartidos entre los 17 partidos judiciales con un presupuesto de 1,4 millones de euros.
El aforo máximo para este edificio es de 3.927 personas -está diseñado para albergar a 13.000 personas al día- y se distribuye por plantas. El control se ha establecido con un sistema electrónico que, mediante cámaras y sensores, supervisa la distancia de seguridad para evitar concentraciones.
Este sistema también es capaz de contar las personas que están en el interior y avisar a los efectivos de la Guardia Civil cuando el aforo esté a cercano a alcanzar su punto máximo. En la planta baja de la Ciudad de la Justicia, por ejemplo, solo se permite la estancia de 2.087 personas. Ayer a las doce del mediodía el sistema contabilizaba a 43 personas dentro.
