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La gestión del ingreso mínimo preocupa a los alcaldes por la falta de personal y la carga burocrática

La nueva normativa permite a las entidades locales usar el superávit pero el refuerzo de plantilla sigue limitado

La normativa que regula el ingreso mínimo vital (IMV) contempla la colaboración de los ayuntamientos en el inicio de los expedientes de cada solicitante y en la asunción de los trámites burocráticos que acompañan a la prestación. La Federación de Municipios (FEMP) y el Gobierno han llegado a un principio de acuerdo para que los consistorios de más de 20.000 habitantes se impliquen en la tramitación administrativa, reservando a las corporaciones un papel fundamental que algunos alcaldes temen no poder cumplir con la diligencia necesaria por la falta de personal y de recursos y el colapso en la gestión ordinaria.

De hecho, uno de los problemas con los que se topa la renta mínima valenciana es la demora en la concesión de las prestaciones porque, en algunas ocasiones, los ayuntamientos tardan demasiado en encarrilar los trámites. Aunque el Gobierno ha abierto la puerta a que las corporaciones locales puedan hacer uso de su superávit presupuestario retenido por la Ley de Sostenibilidad para asumir los gastos que supondrá ocuparse de tramitar el IMV flexibilizando la regla de gasto, la medida no va a acompañada de una financiación adicional destinada a que los consistorios puedan reforzar y ampliar sus plantillas de servicios sociales y, además, el desembolso ha de correr con cargo a los ingresos corrientes previstos en el mismo ejercicio. A ello se suma que la ley limita mucho la capacidad del ámbito local para contratar personal. Las entidades ya han notado un repunte en las solicitudes de ayuda de vecinos que han visto mermados sus recursos en los últimos meses y advierten de que les queda poco margen para asumir más carga de informes y recopilación de datos.

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