El movimiento #RegularizacionYa -formado por colectivos migrantes y antirracistas y apoyado por más de 1.100 organizaciones adheridas a su manifiesto fundacional- denuncia que el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno deja atrás «a las más de 600.000 personas migrantes que se encuentran en situación irregular, lo que supone ahondar en la desigualdad de la población migrante».
Por ello, desde esta red instaron al Gobierno a incorporarlas para no dejar verdaderamente «a nadie atrás» y que esta consigna «deje de ser una frase sin contenido, ya que la prestación excluye a la población más precarizada y que menos apoyos recibe». Sin embargo, esta petición no ha sido tomada en cuenta, ya que sólo podrán acceder en el estatus de irregularidad mujeres víctimas de trata, violencia machista y prostitutas en una situación de especial vulnerabilidad. Las personas solicitantes de asilo, que en un principio iban a poder optar a esta prestación, también han quedado fuera.
«No incluir a la población migrante más vulnerabilizada en una prestación como esta, que está pensada para luchar contra la pobreza extrema, implica excluir a las personas según su estatus migratorio, una medida discriminatoria y contraria a esta agenda internacional. Es una contradicción», afirma la representante del movimiento, Edith Espinola.
Ante el anuncio del ingreso mínimo vital la ultraderecha lanzó el bulo de que los migrantes sí cobrarían la ayuda. Lejos de diseñar una norma que haga accesible la prestación a quien ya está y trabaja en el país de forma precaria, el Gobierno ha salido a desmentir el bulo de la ultraderecha y a ratificar que sí, que los migrantes irregulares se quedan sin la ayuda.
